¿ACASO PODEMOS PRESCINDIR DE LA ENERGÍA NUCLEAR?

La crisis energética que estamos viviendo no ha empezado con la guerra de Ucrania y va a ser más grave que la crisis del petróleo del principio de los años setenta. 

La carencia y encarecimiento del petróleo, el gas y el carbón habían comenzado ya hace años tras la caída en las inversiones en exploración y producción por la creciente crítica de estos productos por cuestiones medioambientales. 

La guerra de Ucrania y el consiguiente embargo a Rusia recortan aún más la disponibilidad de estos hidrocarburos hasta amenazar con parar a muchas industrias de Europa y el confort, cuando menos, de buena parte de su población. Incluso tras el eventual fin de esta guerra, la confianza y el comercio entre las partes tardará mucho tiempo en recuperarse. 

Las emergentes energías renovables están aún lejos de poder garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y, mucho menos, del calor necesario para la industria y los hogares.

Soluciones puede haberlas, pero difícilmente antes de tres años las más perentorias y frágiles y, al menos, el doble de plazo para soluciones más definitivas. 

En esta situación, lo solución más inmediata podría ser aplazar el cierre de centrales nucleares, centrales cuya generación no depende del sol o del viento ni de suministradores externos de dudosa fiabilidad. De hecho, Alemania está reconsiderando su polémica política energética o “Energiewende”, cuyo detalle más destacable fue el cierre de su gran parque nuclear, poderosa fuente de energía que ahora permitiría a Alemania afrontar con otra actitud el embargo a Rusia. También, países de tanto peso como Francia y el Reino Unido han decidido relanzar sus programas nucleares. 

¿Por qué, entonces, nuestras autoridades se resisten a esta solución y repiten que la energía nuclear no es rentable? 

Quizás sólo nos digan parte de la verdad porque si bien es cierto que nadie se atrevería a invertir ahora en una nueva central nuclear clásica, tampoco nadie consideraría cerrar una central operativa si en España hubiera una mínima garantía o estabilidad regulatoria. 

Aunque la energía hidráulica no es objeto de este escrito, tampoco nuestro gobierno parece partidario de dar más protagonismo a esta alternativa energética autorizando nuevos embalses, a pesar de la constatación de que las temporadas de lluvia están cada vez más concentradas en poco tiempo. 

Al final, habrá que dar la razón un ex director general de Política Energética y Minas que recientemente decía que “La verdadera singularidad de España es la defensa de soluciones demagógicas”.  PEDRO MORALEDA

¿MIEDO A LA INFORMACIÓN? LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA NO SE RESOLVERÁN SIN CONOCIMIENTO

Los millones de datos existentes en los muchos registros administrativos permitirían crear la información y conocimiento necesarios para mejorar rápida y ostensiblemente la gestión pública, haciéndola más eficiente. Con los registros existente y la capacidad de las nuevas tecnologías, ninguna administración debería tener impedimentos técnicos ni económicos para hacerlo, pero, salvo en puntuales y honrosas excepciones, no lo hacen. 

Un caso palmario es la carencia de información sobre el parque residencial y las necesidades de vivienda. Por ejemplo, tras muchos años en los que las estadísticas de precios eran únicamente producidas y difundidas por entidades privadas, no exentas de intereses en el mercado, en junio de 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) hizo público un índice de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, una herramienta que pretende ofrecer información anual fiable y contrastada, que sirva de referencia para conocer la situación y la evolución del mercado del alquiler residencial. Se trata también de crear un instrumento útil para delimitar ámbitos concretos de intervención con objeto de facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles. Pero los datos se publican con un desfase de dos años y la primera actualización se ha producido, con retraso, en marzo de 2022. Sin entrar en otras debilidades técnicas, el desfase de 24 meses deja prácticamente sin utilidad esa pretendida “referencia” para un mercado tan dinámico y coyuntural como suele ser el del alquiler de viviendas.

Es solo un ejemplo, pero pone de manifiesto que, disponiendo de los medios, las administraciones no los emplean para facilitar información y generar el conocimiento necesario sobre las causas que más directamente inciden en el agravamiento de un problema estructural tan relevante como el de la vivienda. 

Habría que preguntarse por los motivos del desinterés por elaborar información que, adecuadamente analizada, permita generar conocimiento y hacer diagnósticos acertados del problema, pasos previos necesarios para que las soluciones a aplicar sean eficaces. Al no deberse a la carencia de medios, podría achacarse a la ausencia de voluntad política, inducida por la propia ignorancia, pero quizás será más acertado considerar que se trata de una estrategia premeditada para ocultar la realidad. 

La información y el conocimiento puestos a disposición de los ciudadanos limitarían las arbitrariedades en la actuación de los poderes públicos. Pero, como ocurre en el caso del problema de la vivienda, la ausencia de transparencia permite que las causas queden ocultas por el ruido mediático provocado sobre uno de sus síntomas: el encarecimiento del alquiler. La discusión sobre las medidas coyunturales a adoptar para una hipotética regulación de los precios, deja fuera de foco las verdaderas causas del problema: el suelo, el modelo de desarrollo urbano, la inexistencia de un parque público de viviendas en alquiler con precios asequibles... 

Es “incómodo” para los gobernantes, desde alcaldes a ministros, sacar a la luz, en toda su extensión y profundidad, la auténtica naturaleza y el alcance de los problemas. Obtener y difundir conocimiento sobre la habitabilidad y el uso del parque residencial obligaría en muchos casos a tomar medidas muy costosas, arduas e, incluso, poco populares, pero que son imprescindibles para combatir con eficacia las dificultades de amplias capas de la sociedad, especialmente los jóvenes, para disponer de una vivienda digna y adecuada. 

¿Sería suficiente mejorar el conocimiento de las causas del problema de la vivienda para que cese la inútil política de “parches” que se viene aplicando durante decenios? Seguramente, no, pero, sin duda, es un paso imprescindible.

J.Vinuesa

¿PODREMOS SOBREVIVIR SIN EL GAS Y EL PETRÓLEO RUSOS?

La respuesta inmediata es que sí, pero que no sólo aumentaría, sino que se multiplicaría el precio que tendríamos que pagar por nuestras materias primas energéticas.

España afronta la actual crisis con Rusia como uno de los países europeos con menor dependencia de las materias primas energéticas procedentes de ese país; concretamente, el gas ruso supuso el 9 % de todas nuestras compras de gas en 2021 y su petróleo el 4 % de nuestras importaciones. Estas cifras son bajas si tenemos en cuenta que Rusia es el proveedor global del 19 % del gas y del 12 % del petróleo. 

Tan importante como nuestra baja dependencia de Rusia en estos momentos es que importamos gas de 12 países y petróleo de 19 países. El del petróleo es un mercado muy líquido que facilita la sustitución de proveedores, pero el mercado del gas es algo más complejo: buena parte de la contratación se hace a largo plazo y necesita específicas infraestructuras de recepción como gasoductos o plantas de recepción de gas licuado (GNL), pero España cuenta con dos gasoductos desde Argelia, 7 plantas de recepción de GNL, que son casi tantas como el resto de Europa, y la más larga tradición en la contratación de GNL.

A pesar de esta optimista perspectiva, lo grave es que no podremos evitar tener que pagar mucho más por el gas y el petróleo a la vista de la reducción global de su oferta; así, el crudo de petróleo de referencia, el Brent, ya ha pasado de una media de unos 60 $ el barril en tiempos anteriores a la crisis a 130 $ actualmente, mientas que el gas en el mercado español ha saltado de 17 €/MWh el 8 de marzo de 2021 a 214 €/MWh justo un año después.

¿Qué se podría hacer, pues, en esta tesitura de precios disparados de la energía primaria?

Con efecto a corto plazo, probar con estas medidas que están a nuestro alcance:

En orden de prioridad, podríamos apostar por lo siguiente a corto plazo y a nuestro alcance: 

-Ahorrar, mejorar nuestra eficiencia energética para reducir nuestras compras;

-Impulsar las energías renovables y sistemas/medios para almacenamiento de energía;

-Prolongar la vida de las centrales nucleares como apoyo temporal a las renovables;

-Revisar la estructura de la tarifa eléctrica y, ahora, los derechos de emisión de CO2.

Otras medidas eficaces con efecto a medio y largo plazo, pero que no están sólo a nuestro alcance y que supondrían aparcar momentáneamente la transición energética:

-Apostar por el hidrógeno verde como fuente de energía y medio de almacenamiento;

-Reforzar las conexiones gasistas y eléctricas en toda Europa y con limítrofes; 

-Investigar nuevas tecnologías nucleares: pequeños reactores modulares, fusión...;

-Incorporar al mercado fuentes energéticas ahora marginadas: Irán, Venezuela…;

-Desarrollar nuevos yacimientos gasistas: Mediterráneo oriental, Este de África…

Pedro Moraleda

¿ES QUE LA LOCALIZACIÓN DE UNOS CUANTOS ENTES ADMINISTRATIVOS PODRÁ REVERTIR LAS TENDENCIAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN?

En la edición digital de El País del 31/01/2022 se recoge la información de que el Gobierno ha puesto en marcha varios proyectos para implantar distintos organismos públicos en zonas con problemas de despoblación. Así, en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan, Linares y Miranda de Ebro se instalarán sendos centros tecnológicos de RENFE; y dos nuevos centros de la UNED en Alcañiz y Ponferrada. Según dicha información estos centros suponen “la creación de entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados”. 

Además, parece inminente un Real Decreto que regulará la adjudicación de nuevas instituciones públicas a aquellos territorios cuyas Administraciones lo soliciten. La localización se decidirá en atención a la intensidad de la despoblación y por las ventajas que ofrezcan los territorios para el asentamiento de la institución y de sus empleados. 

Se dice que las medidas forman parte de la estrategia del Ministerio de Política Territorial para combatir la despoblación y “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. 

No se puede dejar de considerar que se trata de una información en plena campaña electoral de Castilla y León, pero, puesto que se anuncia el inicio de un proceso de descentralización administrativa, cabe preguntarse si realmente se cree que este tipo de medidas pueden tener algo más que un efecto cosmético; si  podrán modificar la inercia de una estructura territorial que se ha ido conformando de acuerdo con las condiciones del medio natural y de la actuación humana a lo largo de los siglos.

Para corregir la debilidad demográfica de las comarcas “despobladas” no serán útiles pequeñas y poco eficaces actuaciones que no van a modificar la actual estructura territorial. La estrategia de localización de las actividades económicas se guía por la necesidad de garantizar rentabilidades. Las decisiones de las personas libres para elegir dónde vivir se rigen, además de por criterios económicos, por razones culturales muy variadas como, por ejemplo, disfrutar de la “animación” urbana.

¿Por qué se hacen planteamientos propios de trasnochadas economías planificadas, y se ignora que la revolución tecnológica nos pone ante una realidad muy diferente, que modifica radicalmente los factores de localización? 

¿Se ha estudiado la eficacia de la reubicación de entidades públicas para la repoblación y desarrollo endógeno de los territorios supuestamente beneficiados?

¿Se ha evaluado la eficiencia de los recursos públicos dedicados a llevar a cabo esta reubicación? Julio Vinuesa

¿ANTE EL FRACASO DE NUESTRA DEMOCRACIA?

Coinciden en el tiempo la publicación de un estudio del Centro por el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge y un artículo de The Economist sobre la democracia en EE.UU. 

El primero viene a decir que los españoles estamos evolucionando más que otros europeos hacia la defensa de liderazgos fuertes y las dudas sobre la democracia; el segundo, que el 80% de los norteamericanos interesados por la política piensan que su sistema democrático necesita cambios importantes, si no una reforma completa.

Ambos dan pie a la sospecha de que el sistema democrático occidental puede estar deteriorándose y no responder a los valores que pregona e incluso perder su eficacia como vector de progreso social y económico. Algunas razones de esto:

1. Claramente, no se gobierna con el objetivo del bien común, sino con el de conservar el poder aceptando, si hace falta compromisos difícilmente asumibles con la excusa de que para llevar a cabo una acción política el requisito previo es detentar el poder.
2. En muchos países, no estamos gobernados por la mayoría, sino por muchas minorías, como algún personaje público se ha atrevido a decir.
3. Se van olvidando los consensos: asistimos a una radicalización política, radicalización que se traslada a la sociedad, y no sólo en el ámbito de la política; parece que quien alcanza el poder renuncia a gobernar para todos, no busca la conciliación y rechaza de plano cualquier argumento de la oposición por mucho que este pudiera ser razonable o útil al bien común.
4. Esta radicalidad se agrava cuando son los militantes de cada partido, los de mayor carga ideológica, quienes eligen a los candidatos; sólo así se puede entender la dudosa calidad de los líderes elegidos últimamente, incluso en democracias con gran tradición. 
5. Las listas de candidatos cerradas y la disciplina de partido desvinculan al elector del elegido e impiden la racionalidad y eficacia en su supuesta función de representación.
6. La aparición de opciones políticas alternativas dificulta la formación de gobiernos estables y coherentes porque, con frecuencia intereses muy concretos son contradictorios con el interés común. 
7. El debilitamiento de instituciones independientes o arbitrales refuerza la posición del poder ejecutivo, que no está en plano de igualdad con el aspirante.
8. No se cumple el principio democrático de cada persona un voto: dependiendo de donde se vote, cada voto tiene un valor muy diferente.
9. Se empieza a envidiar la mayor eficacia de las autocracias frente a las democracias en gestión política, económica, sanitaria, de seguridad, etc.
10. El horizonte de la planificación no alcanza más allá del plazo de una legislatura, lo que limita la eficacia de la acción pública e imposibilita una gestión económica a medio y largo plazo en momentos en que la globalización exige una política más coordinada.
11. La pública es la única función seria para la que no se requiere preparación ni se exigen responsabilidades por su ejercicio ni se penalizan sus incongruencias. Pedro Moraleda

"TENERDERECHISMO"

En la entrevista de El País Semanal (4/12/2021), ya citada en otra entrada, José Ángel González Sainz habla muy oportunamente del “tenerderechismo”:

“… A veces se dice que esta es una sociedad infantil…, ¡ojalá fuera infantil!, pero es adolescente, que es peor. Un día, en medio de la pandemia y de los botellones, oí decir en la radio a una chica: “¡Es que los adolescentes tenemos derecho a divertirnos!”. ¿¡Derecho!? ¿¡A divertirse!? No. Sería estupendo que te divirtieras, pero no tienes ningún derecho a ello. Yo a eso lo llamo el tenerderechismo, algo que a veces es muy de izquierdas y que ya fue perfectamente descrito por Ortega y Gasset —a quien tanto hemos despreciado sin leer— en “La rebelión de las masas”: ese exigentismo que no tiene ningún sentido."

Pienso que es una actitud generalizada la de creernos merecedores de todos los derechos inimaginables, mientras que si alguien recuerda la existencia de deberes y la exigencia de su cumplimiento es inmediatamente acusado de autoritarismo. Es un interesante tema de debate que no habla bien de las virtudes democrática de nuestra sociedad "adolescente".  JV.

Sobre LA MEMORIA HISTÓRICA

 

PM. (17/01/2022)

Me parece interesante comentar otro párrafo de la entrevista a Manuel Valls en El Español, citada también en otra entrada,

"Utilizar el pasado para dividir es lo que hace Zemmour, es lo que hace parte de la derecha y de la izquierda en Francia, lo que hace parte de la derecha y la izquierda en España… utilizar la historia para dividir. Es un error. Los historiadores tienen que hacer un gran trabajo.

A propósito de esta referencia a la menoría histórica parece oportuno recordar un párrafo del Edicto de Nantes de 1598 (ley del olvido):

“…la memoria de todas las cosas pasadas entre una parte y la otra, desde 1585 hasta nuestra llegada al trono y durante los demás desórdenes anteriores y hasta la coronación quedará apagada y adormecida, como si fueran sucesos no ocurridos. Y no les estará permitido a nuestros procuradores generales, ni a ninguna otra persona pública o privada, en ningún tiempo, ni en ninguna ocasión, hacer mención, pleito o enjuiciamiento de esta memoria en ninguna corte u órgano jurisdiccional. Defendamos todos nuestros asuntos, de cualquier clase o calidad que sean, de renovar la memoria, atacarse, sentir resentimiento, injuriar, ni provocar reproches por lo que ya pasó, sin que valga ninguna causa o pretexto para disputar, impugnar, querellar u ofenderse por hecho o por palabra, y, en cambio, contenerse y vivir pacíficamente juntos como hermanos, amigos y conciudadanos, bajo pena para los transgresores que serán castigados como infractores de paz y perturbadores del descanso público.”

Igualmente oportuna es la cita de David Riff (*) sobre lo abrumadora que podría ser la memoria histórica en Irlanda del Norte, en los Balcanes o en Oriente Próximo:

“La memoria histórica colectiva ha conducido más veces a la guerra que a la paz, al rencor y al resentimiento que a la reconciliación, y al deseo de vengarse más que al inicio del difícil perdón. ¿Y si, en vez de anunciar la pérdida del sentido, cierta dosis de perdón colectivo fuera en realidad la condición necesaria a la construcción de una sociedad apacible y razonable, y el recuerdo fuera una empresa políticamente, socialmente y moralmente arriesgada? ¿Y si, por lo menos en algunos lugares y en ciertas ocasiones, el coste humano y social de la exigencia moral del recuerdo fuera demasiado elevado para que mereciera pagarlo?

(*) David Riff (2016), “In Praise of Forgetting. Historical Memories and Its Ironies”, Yale University Press.

JV. Nada que añadir al texto de David Riff. Creo que lo que viene ocurriendo en España en los últimos años confirma plenamente la valoración de la memoria histórica que, lamentablemente, se revela como un eufemismo del rencor y el resentimiento. Un modo eficaz de crear antagonismos.

A este respecto recuerdo una afirmación del escritor José Ángel González Sainz en una interesante entrevista en el El País Semanal (4/12/2021)

“Uno de nuestros grandes problemas como sociedad, y sobre todo en España, es que no estamos construyendo ciudadanos, estamos construyendo antagonistas.”

Descontextualizar los hechos es una burda manera de manipulación, pero muy efectiva para crear crispación y confrontación. Por mucho que puedan hacer los historiadores los fanatismos son, por definición, refractarios a la verdad, especialmente cuando quieren utilizar la historia como arma arrojadiza.

 

LOS "ISMOS" Y LA CONFRONTACIÓN

PM. (16/01/2022) Me han parecido interesantes este párrafo de una entrevista a Manuel Valls hoy en El Español..

"En España hay un intelectual y una política que tienen visión universalista. El intelectual es Félix Ovejero y la política es Cayetana Álvarez de Toledo. Aquí acaba de morir un amigo mío, Laurent Bouvet, gran intelectual francés, de la izquierda. Habló de los fenómenos identitarios. A él, a mí y a otros cuando entramos en esos términos se nos trata de fascistas, de extrema derecha. Y eso ha pasado mucho en España. Te llaman facha. El problema es, si todos somos fachas, ¿el día que llegan los fachas de verdad, qué? Falta que la izquierda intelectual encuentre un espacio político. Lo identitario, el feminismo, el separatismo a través del idioma como en Cataluña o el País Vasco... tenemos que ir con mucho cuidado. Si la izquierda desaparece arrastrada por esos fenómenos, la alternativa será la derecha o la extrema derecha."

 

JV. También me parece interesante la denuncia de esos "ismos", que me llevan a la siguiente reflexión: Nadie se está enfrentando seriamente al auge de viejas y "nuevas religiones" como separatismos, feminismos, antifascismos, animalismos, y la amplia gama de negacionismos ... que van dando paso al predominio de intereses sectarios frente a la defensa del interés general, que históricamente han defendido los grandes partidos. Los fanatismos y los populismos de todo signo son enemigos de la racionalidad y de la democracia, cada vez más debilitadas.

Por cierto, falta un "ismo", el de los movimientos que van tomando cuerpo bajo el paraguas de la idea de una España vacía. ¿Quizás, "repoblacionismo"? Aunque no lo dicen abiertamente, por lo anacrónico y poco realista que resulta, lo que proponen sería "repoblar", aunque lo que en realidad pretenden es más dinero público ¿victimismo "pedigüeñista"?


En un artículo titulado “La España vaciada y la tentación cantonalista” Guillermo del Valle (El Español, 8/12/2022) termina afirmando: “Falta una izquierda de la igualdad que se oponga a la centrifugación del Estado central.”

MIEDO y SOCIEDAD ¿A QUIEN BENEFICIA EL MIEDO?

 Lo que estamos viendo y viviendo desde el comienzo de la pandemia invita a reflexionar sobre el miedo y su manipulación e impacto en nuestra sociedad.

En términos evolutivos el miedo es una repuesta conservada, útil porque ayuda a tomar decisiones balanceadas entre el riesgo inconsciente y excesivo y la inoperancia temerosa. Pero parece que parte de la sociedad actual gusta de magnificar en exceso e irracionalmente ciertos riesgos; la consecuencia es la aparición de fobias, el aislamiento social y los comportamientos paranoicos. Un ejemplo investigado en los últimos años es la llamada tocofobia, el miedo al embarazo y al parto e incluso a potenciales e infundadas amenazas genéticas en el feto en madres primerizas y no primerizas.

Si introducimos en Google las palabras anti vacunas o similar aparecen más de 27 millones de referencias. Si usamos el equivalente inglés (“anti vax”) el resultado es más de 65 millones de entradas. Sitios que contienen informaciones probadamente incorrectas, maliciosas y dañinas para la sociedad son mantenidos en nombre de la libertad de expresión y de la información balanceada. ¿Estamos preparados para entender y discriminar esa montaña de información tan al alcance de un golpe de tecla?

Un estudio reciente (Papakyriakopoulos y col. 2020) concluye que si bien las “fake-news” y las teorías de la conspiración se generan en medios alternativos (twits, muros de Facebook, webs de organizaciones desconocidas,…) son los medios de gran alcance, desde la televisión hasta Google, considerados mucho más veraces que los otros, los que alimentan las llamas del incendio porque incluso cuándo intentan combatir el error y el fanatismo, los diseminan más rápida y eficazmente. 

Al final, lo que queda en la mente de muchos individuos es la sensación de “algo habrá cuando tanta gente lo repite”. Nada ayuda el machaqueo constante de cifras y opiniones de expertos, unos reales y otros entrecomillas al que estamos sometidos. Unos se vuelven más temerarios y otros más temerosos.

¿Es alimentar el miedo el gran negocio de los medios? En el fondo ¿nos gusta pasar miedo? Marco A. Delgado

NO EN MI GUARDIA

Para Matthew Flinders, Universidad de Sheffield, lo más sorprendente de esta crisis ha sido descubrir la incapacidad social para a) aceptar que estamos ante una amenaza real y común y b) la incapacidad o la falta de deseo para buscar una respuesta balanceada y solidaria. Es decir, unos creen que el coronavirus es problema de los viejos pero no de los jóvenes, otros creen que la mayoría de los recursos públicos deben dedicarse a combatir el coronavirus en detrimento del resto de enfermedades, con indignación de los que se ven afectados por la falta de asistencia sanitaria pública real, unos miran con preocupación el coste económico de los cierres y el desempleo y otros han mirado con alborozo (quizás ya no tanto) la llegada del teletrabajo, sin calibrar las consecuencias futuras. No queremos aceptar que no hay soluciones perfectas pero cada uno sí queremos la que nos viene mejor (en cada momento).

Nada ayuda que el coronavirus sea un problema global porque cada Estado ha reaccionado según su visión sobre la propia capacidad, su modelo político-social, enemistades o amistades históricas y ambiciones y circunstancias del momento, así vemos como unas veces prohíben a otros y otras veces son prohibidos por los otros. O como las vacunas son usadas como trueque para introducirse en los recursos y los gobiernos de los países más pobres.

En España, además, tenemos una estrategia central muy débil y unas estrategias regionales diversas, tan diversas que lo que es legal en algunas es ilegal en otras. 

Siempre nos encontramos un denominador común, la famosa actitud “No durante mi guardia”. Es lógico que nadie se quiera equivocar, pero es ilógico no asumir que no hay decisiones óptimas y cien por cien populares. Tan irracionales son la inoperancia y el dejarlo todo a la voluntad individual como imponer medidas draconianas y además de eficacia no demostrada (aunque aquí siempre hay un “experto” a mano), que acaban produciendo peligrosas rebeldías o miedos paranoicos y en cualquier caso el desprestigio del que las impone.

Centrándonos en dos modelos aparentemente opuestos, ¿dónde nos sentiríamos más seguros? ¿en los US de Biden o en la China de Jinping? Marco A. Delgado

¿HASTA CUÁNDO NOS VA A SORPRENDER LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA?

 

A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 

Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio. Julio Vinuesa

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NO ES LA CAUSA, ES LA CONSECUENCIA.

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones. 

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios. Julio Vinuesa

LA UTILIZACIÓN DE LA DESPOBLACIÓN COMO ARMA ELECTORAL

Recientes iniciativas políticas, aparentemente interesadas en luchar contra la despoblación, vuelven a poner de moda este tema en contra de la evidencia de que la creciente concentración urbana es un fenómeno global e irreversible, agudizado desde que la popularización del automóvil dio más libertad para elegir el lugar de residencia y debilitó el anclaje al lugar de trabajo. 

Ante esta evidencia, no queda mas remedio que pensar que lo que se pretende con estas iniciativas es un rendimiento político. Un rédito electoral muy jugoso al estar roto el principio democrático de cada persona un voto: el voto de las circunscripciones con menos densidad de población tiene mucho mayor peso en el parlamento que el de un ciudadano de las provincias de Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla…

En la búsqueda del valioso voto rural se fomenta el victimismo, obviando que los millones de personas que han abandonado o “vaciado” el medio rural para incorporarse a las ciudades no son víctimas, sino partícipes de los muchos avances y mejoras para sus vidas que ha supuesto el proceso de urbanización. Se argumenta, también, que esos territorios con decreciente población no se ven representados, pero se olvida que el voto no es de los territorios, sino de las personas y los elegidos representan a las personas, por más que la satisfacción de algunos de los derechos básicos dependan de las estructuras territoriales y de su organización político administrativa. 

Respecto al proceso de despoblación, nos han parecido muy relevantes las opiniones de Julio Llamazares, por su contenido y por quien las defiende, publicadas en una reciente entrevista en El Mundo:

“El campo sigue vaciándose porque es un proceso irreversible, no tiene marcha atrás. Responde a un cambio de modelo cultural, económico, antropológico me atrevería a decir…” “… hablar de revertir la despoblación del campo es engañar a la gente. No va a pasar, hagan lo que hagan los políticos. 

En este blog hemos expresado opiniones semejantes en anteriores ocasiones. Creemos que las inversiones anunciadas para “hacer frente a la despoblación rural” serán, por regla general, despilfarro de dinero público, quizás solo útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. No será eficaz la utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas.

En este debate parece que a nadie le interesa afrontar el proceso de la redistribución espacial de la población con una visión a largo plazo, imaginando nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías, y poniendo la atención en el enorme valor que tienen por sí mismo esos territorios despoblados, vacíos de personas y de actividad pero pletóricos de bienes naturales y paisajísticos 

Es erróneo el diagnóstico que hace ver como únicas culpables de la despoblación a las grandes ciudades y es falaz el mensaje de que ese proceso se podrá revertir desde el Parlamento. Es una evidencia histórica que luchar contra la tendencia de concentración urbana es una pérdida de tiempo y de recursos y los hipotéticos éxitos electorales de estas iniciativas servirán para fragmentar el Parlamento con más organizaciones surgidas en defensa de intereses particulares. Pedro Moraleda-Julio Vinuesa

¿Qué pasa cuando el pragmatismo está ausente en la política?

Frecuentemente oímos que la política está cada vez más alejada de la realidad, pero, mientras que esto no transcienda del debate teórico, a nadie le preocupa en exceso.

Sin embargo, nos enfrentamos ahora a una seria amenaza provocada por el voluntarismo de la política energética en el tema de la crisis climática, voluntarismo con cierta dosis de utopía que nos hace pasar en un momento de la euforia verde a la crisis energética mundial.

Los tres principios básicos de toda política energética han sido seguridad de suministro, energía al alcance de todos y energía sostenible. Este ha sido siempre un triángulo de objetivos muy difícil de equilibrar puesto que el énfasis en cualquiera de ellos perjudicaba a los otros.

Ahora, ante la emergencia climática, el énfasis se ha puesto en la sostenibilidad y la consecuencia inmediata es que la energía no es asequible para todos y la amenaza es que no esté asegurada la continuidad en el suministro.

La gran mayoría de los análisis climáticos coinciden en la necesidad de dejar de emitir inmediatamente los gases de efecto invernadero que genera la combustión de energías fósiles y, a los organismos políticos decisorios, no les ha costado adelantar los plazos límite para el uso del carbón, petróleo y gas, para la venta de vehículos de combustión interna o aumentar los objetivos de plantas de generación con energías renovables.

Sin embargo, estas políticas han olvidado la necesaria gradualidad para un cambio tan radical en el sistema energético. Y no es que el cambio no sea urgente, pero la realidad está demostrando que todavía no tenemos alternativas para sustituir las energías tradicionales y que no podemos confiar ciegamente en tecnologías no suficientemente probadas; y, en este contexto, se están haciendo políticas que no tienen en cuenta la demanda real de energía.

Nos encontramos pues ante le enorme dificultad de reequilibrar ese triángulo de objetivos de política energética sin quitar protagonismo a la sostenibilidad entendida esta, principal pero no exclusivamente, como energía sin emisiones contaminantes y, ante este reto, sólo hay un camino: concienciar a la ciudadanía de que la transición energética no es ni sencilla ni barata y fomentar la eficiencia y ahorro de energía centrándonos en las medidas que efectivamente contribuyan a ello. Pedro Moraleda

¿Por qué sorprende la crisis energética?

¿Acaso no es obvio que estamos planificando o gestionando mal la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes?

El objetivo no es que sea loable, sino absolutamente necesario, pero los tiempos no los marcan solamente las decisiones políticas ya que la disponibilidad de tecnologías adecuadas y la preparación de la sociedad también condicionan la transición energética.

De poco vale poner fecha límite al uso de combustibles fósiles mientras no haya alternativas, porque las fuentes de energía renovables no serán alternativas válidas hasta que no se pueda almacenar la energía eléctrica en cantidades suficientes para asegurar el confort de las personas y el funcionamiento de la economía. 

Los combustibles fósiles satisfacen hoy día más del 80 % de nuestras necesidades energéticas, pero la reducción de esta oferta va a ser más rápida de lo deseable si se amenaza con prohibir el uso del gas a corto plazo, o la venta de vehículos de combustión interna, o aumentan las dificultades para financiar proyectos de exploración y comercialización de hidrocarburos. El objetivo, por ahora no conseguido, es el de acompasar la reducción del uso de combustibles fósiles con la incorporación de fuentes sustitutivas a la matriz energética.

El reequilibrio entre la oferta y la demanda de energía se está fiando a que se puedan gestionar las fuentes energéticas intermitentes como son la eólica, la solar o incluso la hidráulica. Pero, como esto no parece que se vaya a conseguir a muy corto plazo, preparémonos para unos años de energía cara, cuando no de falta de energía. Y para agravar este problema, en países de nuestro entorno se están cerrando centrales nucleares que aportan parte significativa del suministro eléctrico, sin interrupciones, sin emisiones y sin dependencia de la volatilidad de los precios de la energía.

En cuanto a la falta de preparación de la sociedad, quizás sea porque ningún político se ha atrevido a explicar que la transición hacia un futuro energético más limpio y fiable no es gratis, que la transición es cara y que debemos reconsiderar nuestros hábitos de consumo. 

La mejor fuente de energía es la energía que no usamos; la que ahorramos con un buen aislamiento térmico, no usando el coche para trayectos cortos o en ciudad, utilizando electrodomésticos en horas de baja demanda eléctrica, etc. Y esa concienciación no se alcanza sólo con información, sino que puede ser necesaria una política de precios desmotivadora del despilfarro de energía.

Concluiría diciendo que, si grave es el drástico incremento de precios de la energía o la amenaza de su escasez, más grave puede ser que la reacción popular ante esta situación paralizara las necesarias iniciativas políticas para el cambio de modelo energético. Pedro Moraleda

OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 

Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema? JV

 

¿CÓMO Y DÓNDE ESTARÁ EL TRABAJO?

La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia”. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? Julio Vinuesa

 

Factura de electricidad: ¿culpar a las eléctricas o afrontar que la transición no saldrá gratis?

La factura de la luz ha sido un cajón de sastre que, por la inevitabilidad de su pago, ha permitido introducir todo tipo de impuestos y cargas, muchas de estas de carácter político.

El desglose de la factura eléctrica de la mayoría de los usuarios, que son los consumidores domésticos, muestra que sólo un tercio de ella corresponde al coste de generación pagado a las eléctricas; aproximadamente otro tercio son impuestos y, el tercio restante, son cargas como las tarifas de transporte y distribución y otras de marcado carácter político como las compensaciones a energías renovables, a territorios extra peninsulares, a deuda histórica, etc. 

Cuando la presión mediática obliga al gobierno en curso a controlar el precio de la electricidad, la solución fácil, y parece que “populista”, es culpar a las eléctricas y amenazar con recortarles sus márgenes, medida de dudosa legalidad y muy peligrosa a medio plazo por la amenaza que supone a un sector fundamental para la seguridad del suministro eléctrico y que está atado de manos cuando el precio del gas o el de las emisiones de CO2 le vienen impuestos por el mercado internacional. 

Las oposiciones políticas a veces exigen actuar sobre los otros dos tercios de la factura, fundamentalmente sobre los impuestos, pero, que quien está en el gobierno intente gestionar un poquito mejor el gasto público y ahorrarnos impuestos, ni se plantea.

En cualquier caso, algo raro ocurre cuando el precio de la electricidad está subiendo en semejante proporción en todos los países de nuestro entorno y sólo aquí genera tanto desasosiego. ¿No será que en nuestro país ningún dirigente se haya atrevido a decir la verdad por miedo a perder votos: que la transición energética hay que pagarla?

Hay una necesidad indiscutible, aparte de un compromiso político, de evolucionar hacia un sistema eléctrico libre de emisiones, pero, de momento, sólo con fuentes de generación limpias y renovables no se garantiza la seguridad del suministro eléctrico. Hemos visto que cuando no hay viento, que es la principal fuente de generación eléctrica renovable en España, hay que acudir al gas natural o al carbón, materias primas crecientemente penalizadas. ¿Por qué ningún líder se atreve a proponer prolongar la vida de las centrales nucleares existentes que aseguran más de la quinta parte de nuestra generación eléctrica total, sin emisiones nocivas ni dependencias de condiciones meteorológicas ni de la importación de combustibles? Pedro Moraleda

¿SERÍA EFICAZ BAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES POR DECRETO?

 

En algunas zonas urbanas de las regiones más dinámicas el mayor problema con la vivienda se manifiesta claramente en el desequilibrio entre sus precios y la capacidad de renta de los hogares que la necesitan. La escasez absoluta de viviendas ya no suele ser un problema, pero sí lo puede ser la no adecuación en razón de su localización, por deficiencias de habitabilidad o por otras características físicas y, siempre, porque el precio de las viviendas las haga inasequibles para amplias capas de la sociedad.

En los últimos tiempos la preocupación se centra sólo en los precios del alquiler. Su elevación es, en parte, consecuencia del crecimiento que ha experimentado la demanda, que en buena parte se debe al hecho de que la compra de una vivienda, que no hace muchos años era un hecho asociado a la emancipación, se ha convertido en algo inalcanzable para la inmensa mayoría de los hogares de jóvenes.

Cuando se propone como solución regular por ley los precios del alquiler en unas denominadas “zonas tensionadas” habría que comenzar por preguntar: ¿con qué criterios técnicos se definirían y se delimitarían esas zonas?

Según parece, lo que se pretende es atender la necesidad de los residentes de esas zonas que no pueden acceder a una oferta inasequible para ellos, regulando los precios a la baja, pero en este caso también hay que preguntarse si esos teóricos “nuevos alquileres más baratos” podrán atraer a demandantes de otras zonas más caras y que, con el precio topado, los arrendadores optarán por la mayor seguridad de los demandantes con unas rentas más elevadas. ¿Se ha pensado en los diferentes efectos segregadores que tendría poner otras “fronteras” al mercado de vivienda?

Al margen de otras muchas consideraciones que se puedan hacer en torno a las respuestas del mercado, habrá que explicar también cómo se justifica técnica y jurídicamente la determinación indiscriminada de los precios máximos autorizados por m2 para el parque residencial de la “zona”, cuando normalmente serán muy heterogéneo, por sus calidades y características y por sus diferentes precios en el mercado libre de compra venta.

Como ejemplo de las dificultades técnicas:  El MITMA creó en 2020 un Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, con datos de 2018, que podría ser un buen comienzo para llegar a conocer, con el rigor y el detalle necesarios, la evolución de los precios, pero, hasta hoy, además de sus limitaciones y del desfase temporal con que nacieron, no han vuelto a ser actualizados.

Quienes proponen este tipo de medidas también deberían explicar cómo solventar el agravio comparativo que supone que la norma fije distintos derechos de los arrendadores a uno y otro lado de los límites administrativamente establecidos: ¿habría distintas regulaciones para los alquileres en una y otra acera de la misma calle? 

Por último, continuando con aspectos de carácter operativo, debería explicarse ¿cómo van a controlar las administraciones locales el acuerdo privado del precio del alquiler entre dos particulares? Mientras no mejore la información y la capacidad de inspección de las administraciones para controlar las rentas percibidas por los propietarios de viviendas en alquiler: aún existe un fraude del 40%. ¿Cómo se van a evitar las numerosas prácticas que surgirían para burlar la norma? Todo parece indicar que la intervención de los precios, allí done se intente, no sería más que otro “parche”, ineficaz, si no contraproducente, para aliviar el problema de la vivienda. Es evidente que el problema es complejo y exige soluciones complejas que vayan a las causas que lo producen. JV.

EL PRECIO DE LA LUZ: ¿ES UNA EMPRESA PÚBLICA LA SOLUCIÓN?

El actual y encendido debate sobre el precio de la electricidad se centra en el coste de generación, y por ende en las empresas eléctricas, sin reparar en que este no representa ni la mitad del importe de la factura para la mayoría de los usuarios. El resto son todo tipo de impuestos, coste de redes, subvenciones a renovables, amortización de deuda, ayudas al equilibrio territorial, etc. Aunque parte de estos extra costes son consecuencia del ansia recaudadora del Estado, otros son necesarios para la transición hacia una forma distinta de producir la electricidad y eliminar estos últimos no es lo más recomendable para avanzar hacia esta transición. 

La transición energética va a ser necesariamente compleja y cara pues, mientras no haya sistemas eficientes para el almacenamiento de la electricidad, tendremos que seguir utilizando las llamadas fuentes de energía gestionables, básicamente el carbón el gas y la nuclear, cuyo uso está siendo crecientemente penalizado con diversos tipos de gravámenes y no hay motivos para pensar que una empresa eléctrica pública pueda prescindir de estas fuentes ni estar exenta de estos gravámenes.

Tampoco hay ejemplos de que una empresa pública genere electricidad a menor coste que una privada ni que vaya a ser más eficaz que un mercado plenamente competitivo para limitar los beneficios, supuestamente extraordinarios, de las privadas.

 

Los llamados “beneficios caídos del cielo” es otra crítica que se hace a las eléctricas y consiste en que las tecnologías de generación de menores costes operativos como, por ejemplo, la hidráulica y la nuclear cobran el precio más alto que se fija en la subasta diaria de electricidad, pero esto es consecuencia del sistema marginalista utilizado en la mayoría de los mercados libres y no del carácter público o privado de los competidores. Este sistema marginalista de subastas se está poniendo en cuestión ahora, pero todavía no se ha propuesto mejor alternativa.

Así como el alto precio actual de la electricidad no depende de la propiedad pública o privada de la empresa eléctrica, tampoco es un problema exclusivo de España sino global porque globales son los precios de las materias primas para la generación eléctrica y fruto de acuerdos internacionales el impuesto sobre emisiones. Si hay países que están siendo capaces de contener los precios es porque en el conjunto de las materias primas utilizadas en generación priman las gestionables de bajo coste; por ejemplo, el 95 % de la generación eléctrica en Noruega es de origen hidráulico y el 75 % de la generación en Francia es nuclear. Y si en un mercado interior único de electricidad europeo no podemos aprovechar esa ventaja no es por otra razón que por limitación de capacidad en las conexiones internacionales. 

 

En conclusión, más que una eléctrica pública lo que necesitamos es liderazgo para la transición. Que no se utilice el precio de la electricidad como argumento de crítica entre gobierno y oposición y que ambos se pongan de acuerdo para plantear a la ciudadanía el reto y sacrificios que implica la transición hasta que fuentes de energía limpias, sostenibles y autóctonas se basten para atender nuestras necesidades energéticas. PM.