OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 

Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema? JV

 

¿CÓMO Y DÓNDE ESTARÁ EL TRABAJO?

La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia”. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? Julio Vinuesa

 

Factura de electricidad: ¿culpar a las eléctricas o afrontar que la transición no saldrá gratis?

La factura de la luz ha sido un cajón de sastre que, por la inevitabilidad de su pago, ha permitido introducir todo tipo de impuestos y cargas, muchas de estas de carácter político.

El desglose de la factura eléctrica de la mayoría de los usuarios, que son los consumidores domésticos, muestra que sólo un tercio de ella corresponde al coste de generación pagado a las eléctricas; aproximadamente otro tercio son impuestos y, el tercio restante, son cargas como las tarifas de transporte y distribución y otras de marcado carácter político como las compensaciones a energías renovables, a territorios extra peninsulares, a deuda histórica, etc. 

Cuando la presión mediática obliga al gobierno en curso a controlar el precio de la electricidad, la solución fácil, y parece que “populista”, es culpar a las eléctricas y amenazar con recortarles sus márgenes, medida de dudosa legalidad y muy peligrosa a medio plazo por la amenaza que supone a un sector fundamental para la seguridad del suministro eléctrico y que está atado de manos cuando el precio del gas o el de las emisiones de CO2 le vienen impuestos por el mercado internacional. 

Las oposiciones políticas a veces exigen actuar sobre los otros dos tercios de la factura, fundamentalmente sobre los impuestos, pero, que quien está en el gobierno intente gestionar un poquito mejor el gasto público y ahorrarnos impuestos, ni se plantea.

En cualquier caso, algo raro ocurre cuando el precio de la electricidad está subiendo en semejante proporción en todos los países de nuestro entorno y sólo aquí genera tanto desasosiego. ¿No será que en nuestro país ningún dirigente se haya atrevido a decir la verdad por miedo a perder votos: que la transición energética hay que pagarla?

Hay una necesidad indiscutible, aparte de un compromiso político, de evolucionar hacia un sistema eléctrico libre de emisiones, pero, de momento, sólo con fuentes de generación limpias y renovables no se garantiza la seguridad del suministro eléctrico. Hemos visto que cuando no hay viento, que es la principal fuente de generación eléctrica renovable en España, hay que acudir al gas natural o al carbón, materias primas crecientemente penalizadas. ¿Por qué ningún líder se atreve a proponer prolongar la vida de las centrales nucleares existentes que aseguran más de la quinta parte de nuestra generación eléctrica total, sin emisiones nocivas ni dependencias de condiciones meteorológicas ni de la importación de combustibles? Pedro Moraleda