01 febrero 2022

¿ES QUE LA LOCALIZACIÓN DE UNOS CUANTOS ENTES ADMINISTRATIVOS PODRÁ REVERTIR LAS TENDENCIAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN?

En la edición digital de El País del 31/01/2022 se recoge la información de que el Gobierno ha puesto en marcha varios proyectos para implantar distintos organismos públicos en zonas con problemas de despoblación. Así, en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan, Linares y Miranda de Ebro se instalarán sendos centros tecnológicos de RENFE; y dos nuevos centros de la UNED en Alcañiz y Ponferrada. Según dicha información estos centros suponen “la creación de entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados”. 

Además, parece inminente un Real Decreto que regulará la adjudicación de nuevas instituciones públicas a aquellos territorios cuyas Administraciones lo soliciten. La localización se decidirá en atención a la intensidad de la despoblación y por las ventajas que ofrezcan los territorios para el asentamiento de la institución y de sus empleados. 

Se dice que las medidas forman parte de la estrategia del Ministerio de Política Territorial para combatir la despoblación y “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. 

No se puede dejar de considerar que se trata de una información en plena campaña electoral de Castilla y León, pero, puesto que se anuncia el inicio de un proceso de descentralización administrativa, cabe preguntarse si realmente se cree que este tipo de medidas pueden tener algo más que un efecto cosmético; si  podrán modificar la inercia de una estructura territorial que se ha ido conformando de acuerdo con las condiciones del medio natural y de la actuación humana a lo largo de los siglos.

Para corregir la debilidad demográfica de las comarcas “despobladas” no serán útiles pequeñas y poco eficaces actuaciones que no van a modificar la actual estructura territorial. La estrategia de localización de las actividades económicas se guía por la necesidad de garantizar rentabilidades. Las decisiones de las personas libres para elegir dónde vivir se rigen, además de por criterios económicos, por razones culturales muy variadas como, por ejemplo, disfrutar de la “animación” urbana.

¿Por qué se hacen planteamientos propios de trasnochadas economías planificadas, y se ignora que la revolución tecnológica nos pone ante una realidad muy diferente, que modifica radicalmente los factores de localización? 

¿Se ha estudiado la eficacia de la reubicación de entidades públicas para la repoblación y desarrollo endógeno de los territorios supuestamente beneficiados?

¿Se ha evaluado la eficiencia de los recursos públicos dedicados a llevar a cabo esta reubicación? Julio Vinuesa

¿ANTE EL FRACASO DE NUESTRA DEMOCRACIA?


Coinciden en el tiempo la publicación de un estudio del Centro por el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge y un artículo de The Economist sobre la democracia en EE.UU. 

El primero viene a decir que los españoles estamos evolucionando más que otros europeos hacia la defensa de liderazgos fuertes y las dudas sobre la democracia; el segundo, que el 80% de los norteamericanos interesados por la política piensan que su sistema democrático necesita cambios importantes, si no una reforma completa.

Ambos dan pie a la sospecha de que el sistema democrático occidental puede estar deteriorándose y no responder a los valores que pregona e incluso perder su eficacia como vector de progreso social y económico. Algunas razones de esto:

  1. Claramente, no se gobierna con el objetivo del bien común, sino con el de conservar el poder aceptando, si hace falta compromisos difícilmente asumibles con la excusa de que para llevar a cabo una acción política el requisito previo es detentar el poder.
  2. En muchos países, no estamos gobernados por la mayoría, sino por muchas minorías, como algún personaje público se ha atrevido a decir.
  3. Se van olvidando los consensos: asistimos a una radicalización política, radicalización que se traslada a la sociedad, y no sólo en el ámbito de la política; parece que quien alcanza el poder renuncia a gobernar para todos, no busca la conciliación y rechaza de plano cualquier argumento de la oposición por mucho que este pudiera ser razonable o útil al bien común.
  4. Esta radicalidad se agrava cuando son los militantes de cada partido, los de mayor carga ideológica, quienes eligen a los candidatos; sólo así se puede entender la dudosa calidad de los líderes elegidos últimamente, incluso en democracias con gran tradición. 
  5. Las listas de candidatos cerradas y la disciplina de partido desvinculan al elector del elegido e impiden la racionalidad y eficacia en su supuesta función de representación.
  6. La aparición de opciones políticas alternativas dificulta la formación de gobiernos estables y coherentes porque, con frecuencia intereses muy concretos son contradictorios con el interés común. 
  7. El debilitamiento de instituciones independientes o arbitrales refuerza la posición del poder ejecutivo, que no está en plano de igualdad con el aspirante.
  8. No se cumple el principio democrático de cada persona un voto: dependiendo de donde se vote, cada voto tiene un valor muy diferente.
  9. Se empieza a envidiar la mayor eficacia de las autocracias frente a las democracias en gestión política, económica, sanitaria, de seguridad, etc.
  10. El horizonte de la planificación no alcanza más allá del plazo de una legislatura, lo que limita la eficacia de la acción pública e imposibilita una gestión económica a medio y largo plazo en momentos en que la globalización exige una política más coordinada.
  11. La pública es la única función seria para la que no se requiere preparación ni se exigen responsabilidades por su ejercicio ni se penalizan sus incongruencias. Pedro Moraleda