¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

Hace unas semanas el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 

Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 

¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 

¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?

Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad.  Julio Vinuesa

¿ES QUE LA LOCALIZACIÓN DE UNOS CUANTOS ENTES ADMINISTRATIVOS PODRÁ REVERTIR LAS TENDENCIAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN?

En la edición digital de El País del 31/01/2022 se recoge la información de que el Gobierno ha puesto en marcha varios proyectos para implantar distintos organismos públicos en zonas con problemas de despoblación. Así, en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan, Linares y Miranda de Ebro se instalarán sendos centros tecnológicos de RENFE; y dos nuevos centros de la UNED en Alcañiz y Ponferrada. Según dicha información estos centros suponen “la creación de entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados”. 

Además, parece inminente un Real Decreto que regulará la adjudicación de nuevas instituciones públicas a aquellos territorios cuyas Administraciones lo soliciten. La localización se decidirá en atención a la intensidad de la despoblación y por las ventajas que ofrezcan los territorios para el asentamiento de la institución y de sus empleados. 

Se dice que las medidas forman parte de la estrategia del Ministerio de Política Territorial para combatir la despoblación y “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. 

No se puede dejar de considerar que se trata de una información en plena campaña electoral de Castilla y León, pero, puesto que se anuncia el inicio de un proceso de descentralización administrativa, cabe preguntarse si realmente se cree que este tipo de medidas pueden tener algo más que un efecto cosmético; si  podrán modificar la inercia de una estructura territorial que se ha ido conformando de acuerdo con las condiciones del medio natural y de la actuación humana a lo largo de los siglos.

Para corregir la debilidad demográfica de las comarcas “despobladas” no serán útiles pequeñas y poco eficaces actuaciones que no van a modificar la actual estructura territorial. La estrategia de localización de las actividades económicas se guía por la necesidad de garantizar rentabilidades. Las decisiones de las personas libres para elegir dónde vivir se rigen, además de por criterios económicos, por razones culturales muy variadas como, por ejemplo, disfrutar de la “animación” urbana.

¿Por qué se hacen planteamientos propios de trasnochadas economías planificadas, y se ignora que la revolución tecnológica nos pone ante una realidad muy diferente, que modifica radicalmente los factores de localización? 

¿Se ha estudiado la eficacia de la reubicación de entidades públicas para la repoblación y desarrollo endógeno de los territorios supuestamente beneficiados?

¿Se ha evaluado la eficiencia de los recursos públicos dedicados a llevar a cabo esta reubicación? Julio Vinuesa

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NO ES LA CAUSA, ES LA CONSECUENCIA.

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones. 

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios. Julio Vinuesa

LA UTILIZACIÓN DE LA DESPOBLACIÓN COMO ARMA ELECTORAL

Recientes iniciativas políticas, aparentemente interesadas en luchar contra la despoblación, vuelven a poner de moda este tema en contra de la evidencia de que la creciente concentración urbana es un fenómeno global e irreversible, agudizado desde que la popularización del automóvil dio más libertad para elegir el lugar de residencia y debilitó el anclaje al lugar de trabajo. 

Ante esta evidencia, no queda mas remedio que pensar que lo que se pretende con estas iniciativas es un rendimiento político. Un rédito electoral muy jugoso al estar roto el principio democrático de cada persona un voto: el voto de las circunscripciones con menos densidad de población tiene mucho mayor peso en el parlamento que el de un ciudadano de las provincias de Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla…

En la búsqueda del valioso voto rural se fomenta el victimismo, obviando que los millones de personas que han abandonado o “vaciado” el medio rural para incorporarse a las ciudades no son víctimas, sino partícipes de los muchos avances y mejoras para sus vidas que ha supuesto el proceso de urbanización. Se argumenta, también, que esos territorios con decreciente población no se ven representados, pero se olvida que el voto no es de los territorios, sino de las personas y los elegidos representan a las personas, por más que la satisfacción de algunos de los derechos básicos dependan de las estructuras territoriales y de su organización político administrativa. 

Respecto al proceso de despoblación, nos han parecido muy relevantes las opiniones de Julio Llamazares, por su contenido y por quien las defiende, publicadas en una reciente entrevista en El Mundo:

“El campo sigue vaciándose porque es un proceso irreversible, no tiene marcha atrás. Responde a un cambio de modelo cultural, económico, antropológico me atrevería a decir…” “… hablar de revertir la despoblación del campo es engañar a la gente. No va a pasar, hagan lo que hagan los políticos. 

En este blog hemos expresado opiniones semejantes en anteriores ocasiones. Creemos que las inversiones anunciadas para “hacer frente a la despoblación rural” serán, por regla general, despilfarro de dinero público, quizás solo útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. No será eficaz la utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas.

En este debate parece que a nadie le interesa afrontar el proceso de la redistribución espacial de la población con una visión a largo plazo, imaginando nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías, y poniendo la atención en el enorme valor que tienen por sí mismo esos territorios despoblados, vacíos de personas y de actividad pero pletóricos de bienes naturales y paisajísticos 

Es erróneo el diagnóstico que hace ver como únicas culpables de la despoblación a las grandes ciudades y es falaz el mensaje de que ese proceso se podrá revertir desde el Parlamento. Es una evidencia histórica que luchar contra la tendencia de concentración urbana es una pérdida de tiempo y de recursos y los hipotéticos éxitos electorales de estas iniciativas servirán para fragmentar el Parlamento con más organizaciones surgidas en defensa de intereses particulares. Pedro Moraleda-Julio Vinuesa

¿EXISTEN SOLUCIONES PARA LA DESPOBLACIÓN?

 

En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público, solo útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. (JV)

¿POR QUÉ LLAMAN “RETO DEMOGRÁFICO” A LA DESPOBLACIÓN?

Desde el Gobierno se describe “el reto demográfico de la despoblación” con unos cuantos porcentajes que confirman la tendencia a la concentración en las grandes áreas urbanas. El uso de indicadores demográficos ha sido tradicionalmente un recurso eficaz: los datos de población son de fácil manejo y por su aparente obviedad soportan cualquier tipo de aseveración sin requerir mayores argumentos. Pero la despoblación no es el reto, es sólo una de las consecuencias de nuestra estructura territorial. Es oportuno preguntarse qué tipo de deficiencias sociales e institucionales conducen a que se diagnostiquen procesos territoriales de una gran complejidad y larga trayectoria sólo a través de algunos de sus síntomas.

El reto será corregir los desequilibrios entre territorios. Desde que se inició la fase más dinámica del proceso de urbanización de la población española se han ido agravando los desequilibrios regionales. Los Planes de Desarrollo contribuyeron de facto a la consolidación de un modelo en el que siempre se ha antepuesto la eficiencia económica a la equidad territorial. Apaciguado el éxodo rural que se había vivido en España, a partir de los años 80 se consolidan las actitudes localistas de los poderes públicos que, ante la posibilidad de perder autonomía, se muestran refractarios a las ideas de cooperación y coordinación interterritorial. No ha existido voluntad política de acometer actuaciones de planificación territorial dirigidas al gran reto pendiente de conseguir una red de asentamientos más equilibrada, funcional y sostenible. 

¿Por qué se sigue insistiendo en el mensaje demagógico de que la despoblación es sólo la consecuencia del “abusivo” poder de atracción de las grandes ciudades? 

¿Será posible que, tras una inercia de muchos decenios, pueda revertirse la despoblación de tantos ámbitos sólo a base de despilfarrar fondos públicos? La utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas no será eficaz; habrá que mirar a largo plazo e imaginar nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías. Habrá que actuar sobre los factores de localización, esos que llevan a las personas a elegir el lugar en el que desean vivir, pero teniendo en cuenta que el reto es mejorar la estructura territorial para reducir los desequilibrios entre territorios. Después, el modo en el que la población se distribuya sobre el territorio seguirá siendo sólo una consecuencia. JV.

¿POR QUE SOLO VEMOS LOS PROBLEMAS DE LA DESPOBLACIÓN?

Cada comarca tiene características diferenciadoras derivadas del medio natural y de las oportunidades que ofrecen un conjunto de factores que interactúan con la dinámica de la población que lo habita así como con el modo en que se distribuyen los asentamientos humanos. Todos estos factores locales, junto con otros de carácter supralocal, como la evolución de la economía o de los hábitos sociales, y de la mano de las nuevas posibilidades que van ofreciendo los avances tecnológicos, inciden en la configuración de la redistribución espacial de la población a lo largo del tiempo.

Se está utilizando profusamente expresiones como “España vacía” y, peor aún, “España vaciada” para denunciar la situación de algunas comarcas cuando sus débiles y menguantes densidades de población no permiten alcanzar los umbrales mínimos de demanda, que se precisan para que sean viables los equipamientos y servicios necesarios para garantizar una razonable calidad de vida. Se culpa de ello al proceso de urbanización: a la “voracidad” de las grandes aglomeraciones urbanas, que absorben para sí la población de otros muchos territorios a los que “van dejando vacíos”. 

En este análisis simplista y sesgado de la realidad, se parte de un principio “poblacionista”: la pérdida de habitantes, la despoblación de cualquier territorio es algo negativo “per se”. ¿Por qué se ignora que cualquier territorio tiene valor por sí mismo? La extrema debilidad de la densidad de población, la despoblación total de un territorio, es una consecuencia de su capacidad de acogida y puede tener efectos muy positivos si se considera la valía de sus componentes naturales hoy y, especialmente, para el futuro.

¿Por qué se desprecia el valor que tienen muchos de esos territorios despoblados que apenas han sido deteriorados por la acción humana al haber quedado al margen del “desarrollo”? Lo realmente importante es que haya equilibrio entre la capacidad de acogida de un territorio y el uso que la sociedad haga de él y conservarlo en su estado natural no tiene que ser necesariamente una mala opción.

¿Por qué tampoco se valoran las oportunidades que encuentran en la ciudad los que protagonizan la despoblación?  Desde la postguerra hasta mediados de los años 70 se produjo el mayor éxodo rural vivido en todas nuestras regiones. Los millones de personas que abandonaron el medio rural para incorporarse a las ciudades han sido parte fundamental de los avances de todo tipo que se han producido desde entonces en España. 

JV/24.6.21