¿EXISTEN SOLUCIONES PARA LA DESPOBLACIÓN?

 

En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público, solo útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. (JV)

LA POBLACIÓN FLOTANTE ES UN RETO QUE EXCEDE AMPLIAMENTE LO DEMOGRÁFICO

 

El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.

Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales. 

Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil. 

La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial. 

¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? 

¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable? (JV)

LOS ELEMENTOS PARA LA TORMENTA PERFECTA EN EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

El súbito aumento del precio de la electricidad no sólo ocurre en España, sino que es un fenómeno general con causas muy concretas y aparentemente predecibles tanto en la demanda como en la oferta.

Tras la vuelta a la actividad normal después de más de un año de confinamiento, la demanda de electricidad rebota hasta niveles previos a la pandemia movida por la recuperación industrial y olas de calor sorprendentes en algunas regiones del mundo. Mientras, la oferta no puede responder por limitaciones relativamente repentinas, pero que se intuyen persistentes.

Por una parte, el coste que los generadores de electricidad tienen que pagar por las emisiones de CO2 de las materias primas que utilizan en sus procesos. Ese coste que, en el mercado internacional, estaba en torno a los 15 $ por tonelada de CO2 emitido antes de la pandemia, ahora está en más de 50 $, coste que se suma, también, al precio de la electricidad que ponen en el mercado los generadores que no emiten CO2 (renovables y nucleares) debido al sistema marginalista que rige los precios de la electricidad en los mercados liberalizados.

Por otra parte, el dramático incremento del precio del gas, principal alternativa a la generación renovable, y del crudo. El primero casi se ha duplicado en las últimas semanas sobre el precio medio del año pasado y el segundo ha aumentado en torno al 30%. Las causas no se deben sólo al aumento de la demanda sino a las crecientes dificultades que encuentra las empresas gasistas y petroleras para llevar a cabo sus proyectos y conseguir la confianza de inversores cada día más sensibles al reto medioambiental. 

Si a esto añadimos que las otras alternativas asequibles y gestionables para generar electricidad, el carbón y la energía nuclear, están en tela de juicio (incluso en China), la primera por sus emisiones nocivas y la segunda por seguridad y el monto y plazo de sus inversiones, el resultado es una importante limitación de medios para contener el precio de la electricidad durante el periodo de transición hacia un sistema energético limpio.

Y, como no cabe duda de que esta transición es necesaria y urgente, dispongámonos desde ya a mejorar nuestra eficiencia en el uso de la electricidad, empezando por modular los horarios para su utilización. PM