Demasiadas interrogantes sobre el automóvil del futuro

 Ahora que el presidente del gobierno ha puesto en la picota una marca concreta de automóviles de lujo en post de un uso generalizado del transporte público, surgen muchas preguntas respecto a la política en este ámbito.

¿Cómo contribuye el automóvil al erario público?

Un tipo de automóvil parecido al citado por el presidente aporta al Estado cerca de 100.000 € en el momento de su venta entre IVA e impuesto de circulación, mientras que otro automóvil, también de lujo, pero eléctrico y el más vendido en España el año pasado, no sólo apenas paga impuestos, sino que recibe una generosa subvención del Estado hasta dónde llegan los fondos destinados a incentivar la venta de vehículos eléctricos. Es, pues, tal el desequilibrio que existe entre lo que contribuyen los ricos que optan por un coche de combustión interna de alta gama y los no menos ricos que compran uno eléctrico que los primeros bien merecerían agradecimiento por su contribución y no el desdén de los responsables de las finanzas públicas. 

¿Están al alcance del ciudadano de clase media los automóviles eléctricos?

Hasta ahora, ciertamente no. En primer lugar, porque quien no tenga una plaza de garaje con instalación eléctrica en la misma mal va a poder cargar la batería. En segundo lugar, porque un eléctrico es el segundo o tercer coche de una persona o familia ya que sigue siendo aventurado lanzarse a un viaje largo con un automóvil eléctrico. Por último, pero no menos importante, porque los eléctricos siguen siendo muy caros.

¿Qué va a pasar con la otrora fuerte industria española, y europea, del automóvil? 

Desde que se inició la ola pro-coche eléctrico, los constructores europeos lo están pasando mal, no sólo por la bajada de sus ventas sino por la indefinición de la regulación que retrae a muchos compradores. Bloomberg estima que las plantas de los cinco mayores fabricantes europeos de automóviles trabajan al 50 % de su capacidad. A este paso, pronto empezarán a cerrar y a dejar gente en el paro mientras aumenta nuestra dependencia económica y política de China, que es de donde proceden la mayoría de los coches eléctricos y sus componentes. En España, los tres pilares de la economía son el turismo, la energía y la industria de automoción, pero este último pilar puede dejar de serlo a no muy largo plazo.

¿Es que no hay alternativa al coche eléctrico para reducir las emisiones?

Años atrás la política de la Unión Europea consistía en exigir una reducción gradual de emisiones a los fabricantes de automóviles, pero sin imponer ni incentivar una tecnología concreta. Esa política demostraba confianza en los especialistas para conseguir reducir las emisiones mediante mejoras en la eficiencia de los motores o en la composición de los carburantes, campos ambos en los que se está demostrando gran potencial de mejora. Esta política europea ha ido endureciéndose hacia la imposición de cero emisiones en cierto plazo, lo cual, además de ser de utópico, significa imponer una tecnología para la que ni nuestros fabricantes ni la sociedad están preparados. Se entiende que reducir hasta eliminar las emisiones es un objetivo político irrenunciable y es evidente que los vehículos actuales consumen mucho menos que los antiguos, pero para eso sería más eficaz empezar por eliminar todos los vehículos más contaminantes e incentivar el desguace de coches antiguos. Esto sería una política más progresista que primar la compra de automóviles eléctrico de lujo y la fórmula más práctica e inmediata para reducir las emisiones.

¿Cómo se van a sustituir los impuestos provenientes de la venta de carburantes?

Si por cada euro de carburante vendido, el Estado recauda alrededor del 50 % en impuestos y se venden miles de millones de litros de carburantes al año, podemos imaginar la contribución del sector de automoción tradicional al erario público, pero es más difícil imaginar cómo podría sustituir Hacienda estos ingresos si el impuesto sobre los kilovatios necesarios para recorrer un kilómetro es mucho menor que el impuesto sobre el carburante equivalente. Y, cuando haya que tratar de reequilibrar este presupuesto, no quedará más remedio que aumentar el impuesto sobre la electricidad, tema harto complejo por tratarse de un producto de primera necesidad.

En conclusión, la sustitución del vehículo de combustión interna nos va a suponer un elevadísimo coste económico, social y político y, por el camino que llevamos, CAOS es el término que mejor define las perspectivas del sector de automoción en Europa.

PEDRO MORALEDA

¿Qué nos podría explicar el expresidente Rodriguez Zapatero?

 

Ahora que vuelve a tener protagonismo en las campañas políticas de su partido y con la perspectiva del tiempo, Rodriguez Zapatero quizás nos pudiera aclarar cinco de sus iniciativas que nos parecen más difíciles de entender.

La suspensión del Plan Hidrológico Nacional. Un ambiciosísimo proyecto que ya estaba aprobado en 2004 y financiado por la Unión Europea para conectar las cuencas hidrológicas del país. Entre sus objetivos, el de asegurar el suministro de agua a Barcelona es uno que resulta muy oportuno comentar en estos momentos. El Plan resolvería el histórico reto de compensar los excesos y escaseces de agua en nuestro país, pero el presidente surgido tras el atentado de Atocha en marzo de 2011 detuvo su ejecución y optó por la alternativa de plantas desalinizadoras, alternativa que ha resultado manifiestamente ineficaz.

El grave endeudamiento del sistema eléctrico. El déficit del sistema llegó a equivaler al PIB del sector primario español porque en el año 2006 se garantizó a ciertos inversores en energías renovables la compra de la electricidad que generaran a un precio diez veces superior al de la electricidad en el mercado en aquellos momentos, garantía de compra a largo plazo y sin control alguno del número de instalaciones que podían acogerse a esa prebenda. Esta iniciativa ocasionó un déficit absolutamente insoportable para nuestra economía y su inevitable corrección, ya iniciada durante la presidencia del Sr. Rodriguez Zapatero, perjudicó gravemente la credibilidad de España entre inversores nacionales e internacionales y ha dado lugar a múltiples pleitos y sanciones que pagaremos durante muchos años.

La ley de Memoria Histórica. Una ley que se promulga 70 años después de nuestra vergonzosa guerra civil con la loable intención de reconocer a muchos injustamente tratados por los vencedores de esa guerra, pero cuyo resultado mas evidente ha sido reavivar los odios que dieron lugar a aquella guerra entre hermanos y que ya estaban olvidados por la mayoría de los españoles.

Los excluyentes pactos del Tinell. Acuerdo en la más pura tradición “azañista” promovido por el PSOE con todos los partidos afines con el objetivo de excluir al Partido Popular de la vida política. Por primera vez desde la restauración de nuestra democracia un presidente de gobierno reconoce implícitamente no ser el presidente de todos los españoles sino sólo de los que le apoyan. Una reedición por así decirlo del Frente Popular de 1936 que contribuye, también, al enfrentamiento de las “dos Españas”.

Una propuesta de Estatuto inconstitucional para Cataluña. Una propuesta de claro oportunismo político, pero que no era la preocupación de la mayoría de los catalanes en aquellos momentos como prueba el hecho de que sólo fue votado por poco más de un tercio de ellos. La suspensión de esa propuesta de Estatuto por su intrínseca inconstitucionalidad defraudó a aquellos catalanes que vislumbraban posiciones de privilegio y fue el disparador de reivindicaciones nacionalistas y el origen del llamado “proces” que estalló en 2017 y que paró el reloj en Cataluña. El resultado de aquella iniciativa no puede estar más lejos de la intención de su promotor que aseguraba que en diez años se habría olvidado el recurrente debate sobre el encaje de Cataluña. 

Las oportunas explicaciones de Rodriguez Zapatero evitarán que pensemos que ha sido el presidente de gobierno que más a contribuido a la división entre españoles y que más ha perjudicado a nuestra economía.

Pedro Moraleda

EL CENSO DE 2021, LA VIVIENDA VACIA Y EL ESTUDIO A FONDO EL PARQUE RESIDENCIAL

 Según el INE, en España hay un parque residencial de 26,6 millones de viviendas para 18,5 millones de hogares. Tocamos a casi una vivienda y media por hogar y hay problemas de escasez. 

El primer objetivo de las políticas de vivienda debería ser conocer a fondo el parque en cada territorio para intentar optimizar su utilización con el fin de facilitar el disfrute del derecho a una vivienda digna y adecuada a todos los hogares.

Ante la publicación por parte del INE del dato de viviendas vacías (3,8 millones) se ha despertado una vieja polémica sobre su fiabilidad y su significado. 

Se pone el foco en un dato a nivel nacional, aunque el problema es local, y se opina sin indagar sobre las causas, la localización de las viviendas o su habitabilidad. Con ello se llega a conclusiones tan erróneas como que esos casi cuatro millones de viviendas son otros tantos casos de atentado contra la función social de la propiedad u otras tantas oportunidades desaprovechadas de atender necesidades reales de alojamiento. Esta vacua polémica sobre la vivienda vacía es, en definitiva, un buen ejemplo del escaso interés que hay por disponer de un detallado y riguroso conocimiento de la utilización que se está haciendo del parque residencial en cada momento y en cada ámbito territorial. No es un objetivo inquisitorial ni confiscatorio, sino que, además de contribuir a mejorar la gestión fiscal y urbanística, es imprescindible para afrontar con eficacia el problema de la vivienda.

No tiene justificación que no se estén utilizando todas las posibilidades de las nuevas tecnologías para crear sistemas de información digitalizada y georreferenciada, que hagan más transparentes los mercados y permita conocer, puntualmente y con detalle, el uso real y potencial de las viviendas en cada ámbito. Sólo así se podrán aplicar medidas eficaces para optimizar la adecuación del parque residencial a las necesidades de la sociedad, que, en definitiva, es de lo que se trata.

¿Por qué las administraciones competentes no disponen todavía de registros administrativo de viviendas que permitan conocer con rigor la adecuación de las viviendas y el uso que tienen en cada momento? 

EL PRINCIPAL ERROR DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA

En esta primavera de 2023 el problema de la vivienda ha adquirido un protagonismo inusitado. Tras cuarenta años de Constitución se ha decidido redactar una ley estatal para regular el derecho a la vivienda y ha costado cinco años de negociaciones entre los socios de Gobierno para su elaboración y aprobación.

En el último mes el Gobierno ha anunciado más actuaciones en vivienda que durante los casi cuatro años de legislatura, más el año y medio del anterior gobierno de Sánchez tras la moción de censura a Rajoy.

Todos los expertos coinciden en que para que la política de vivienda sea eficaz será necesario un Pacto de Estado, con el consenso de los muchos agentes públicos y privados implicados. Pero la Ley de Vivienda se ha hecho premeditadamente sin el necesario consenso. Más bien algunos de sus planteamientos más propugnados y publicitados en los medios por sus promotores parecen querer resaltar la confrontación, censurando y agrediendo económicamente “per se” a los propietarios de vivienda, que son más del 80% de los hogares de España y cuya colaboración es imprescindible para dar solución a uno de los aspectos mas acuciantes del problema: la escasez y la carestía de la oferta en el mercado de alquiler.  

Sin necesidad de entrar a analizar la calidad de los diagnósticos sobre los que teóricamente se sustentan las determinaciones de la Ley, se hace evidente el error de desvirtuarla desde su origen por la falta de consenso y por la confrontación de que se ha hecho gala. Como ocurre con demasiada frecuencia, los intereses coyunturales particulares pueden malograr, en este caso con grave quebranto del interés general, la gran oportunidad de encauzar con éxito un nuevo modelo en la política de vivienda.

Ante tal forma de actuar, hay que preguntarse por qué en lugar de buscar el consenso se ha optado por una inútil y nociva confrontación social intentando rentabilizar electoralmente ciertos "postureos ideológicos". La respuesta no puede desligarse de la necesidad que tiene el Gobierno del apoyo de algunos de sus socios y de que la aprobación se produjo en pleno periodo electoral. La Ley entró en vigor el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones locales y autonómicas ¿Era ese el principal objetivo?

JULIO VINUESA

El plato de lentejas bíblico en la política de nuestros días

 

La historia de Esaú y Jacob y su plato de lentejas se podría trasladar hoy a la política española.

Acuciado por el hambre al volver un día de trabajo en el campo, Esaú cedió su primogenitura a su hermano Jacob a cambio del plato de lentejas que éste estaba preparando sin considerar las consecuencias de este intercambio.

En la política española actual Esaú podría ser Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del gobierno. También el señor Sánchez ha vuelto de una dura tarea, recorrer España en campaña personal para recuperar su liderazgo en el partido y orquestar una compleja moción de censura para acceder por primera vez a la jefatura del gobierno, y está dispuesto a conceder lo que haga falta por conseguir el plato de lentejas, que en este caso es su permanencia en el poder. 

La primogenitura que cede nuestro Esaú podría ser el PSOE, partido que le aupó al poder y de larga tradición, pero que ahora difícilmente encaja con los aliados que Sánchez se ha buscado y con las concesiones que se ve obligado a hacerles.

En cuanto al beneficiario del intercambio, Jacob, es más difícil identificarlo en una sola persona o partido ya que son varios los beneficiados: secesionistas indultados y reintegrados en la política, filo etarras de Herri Batasuna que han ganado un protagonismo que habían perdido y populistas de cariz bolivariano integrados en el gobierno que, aunque siguen perdiendo apoyo popular y criticándole, no se atreven a salir del gobierno por no perder los cargos públicos y la notoriedad que les otorga. 

Pero la primogenitura entregada, o sea, el PSOE, puede ser el gran perjudicado de este intercambio de concesiones por votos el día en que salga del gobierno, ya que el partido socialista va a quedar desfigurado tras estas extrañas alianzas de Sánchez. 

Un paso hacia esta desfiguración es la progresiva sustitución del concepto PSOE por “sanchismo” que tiene sumidos en un mar de dudas a sus votantes tradicionales. En un mar de dudas porque, por ejemplo, un gran número de socialistas están avergonzados de votar a un líder que consiente contraproducentes iniciativas legislativas de sus socios populistas y, más grave aún, que se apoya en el voto de los del tiro en la nuca a sus compañeros de partido para mantenerse en el poder.

En estas circunstancias, cabe preguntarse si el PSOE, otrora pilar esencial de nuestro sistema democrático, no seguirá la trayectoria del partido socialista francés o tendrá que afrontar su travesía del desierto hasta encontrar un nuevo líder y recomponer su imagen. 

Pedro Moraleda

¿Acaso las democracias actuales gobiernan por el interés general?

 

Parece claro que el principal objetivo de un gobierno democrático hoy en día no es el bien común sino ganar las siguientes elecciones y a ello se dedica con ahínco desde el día siguiente de su formación. 

Una vez constituido el nuevo ejecutivo comienza la preparación de la siguiente campaña electoral y poco reparo se tiene en utilizar todos los recursos de que el gobierno dispone tales como el presupuesto y las instituciones públicas para permanecer en el poder y mantener los puestos de trabajo de sus fieles. Y, a medida que se acerca la fecha de las elecciones, disminuye el pudor por el uso espurio de estos recursos.

Se nos cuenta que solamente manteniendo el poder se pueden cumplir los programas, pero ¿realmente algún gobierno democrático se preocupa por el largo plazo o por lo que supere el corto lapso entre unas elecciones y las siguientes?

La prueba de que no existe tal preocupación es la atención que se dedica a asuntos que transcienden de una legislatura tales como educación, justicia, política exterior o defensa, por citar algunos, pero la razón por esta despreocupación no es sólo la visión cortoplacista a que inducen las elecciones periódicas, sino el enfermizo rechazo a ponerse de acuerdo con la oposición en cualquier tema, por importante que sea. Y cuando se dedica atención a algún tema trascendente como, por ejemplo, sanidad, vivienda, empleo, medio ambiente o igualdad de género, no es para llegar a acuerdos perdurables, sino para usarlo como arma contra el otro.

En la preparación de las siguientes elecciones son las encuestas las que dictan el “modus operandi”. Si se trata de seducir al votante, tan poco importa tomar hoy decisiones que afecten negativamente al futuro colectivo como incumplir unas promesas electorales que son tan pronto olvidadas como poco exigidas.

Este cortoplacismo de nuestro sistema democrático da lugar a vaivenes en la política exterior de algunos países (EE.UU, Reino Unido, España…) que crean desconfianza en la comunidad internacional. En deuda pública, se traslada sin rubor a las generaciones futuras la carga del dispendio presupuestario. En educación se rebajan exigencias con tal de que no se quejen los educandos. No es de extrañar, por tanto, que el modelo democrático “occidental” no sea ya ejemplo a seguir en algunas partes del mundo que empiezan a considerar ciertos modelos autocráticos más eficaces para sus sociedades. Incluso en nuestra propia sociedad, “la desilusión democrática” se hace patente en los crecientes niveles de abstención en las elecciones. 

La duda que nos concierne ahora es si, al igual que el modelo comunista fracasó por su patente ineficacia, no podría ocurrir lo mismo con el actual sistema democrático.

PERO ¿ES QUE NO HAY NADIE MÁS EN EL CIS?

 

Según su propia página web, “El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo público que tiene como objetivo principal el estudio de la sociedad española, labor que viene desarrollando desde 1976.” …  ”El CIS cuenta con una plantilla de alrededor de 100 personas …” 

Sin embargo, desde que en junio de 2018 fue nombrado el actual presidente, los medios hablan del CIS de Tezanos, pues parece como si el organismo público tuviese un nuevo dueño. 

Quizás conviene recordar que José Félix Tezanos, con una dilatada trayectoria docente e investigadora como sociólogo, tomó posesión como presidente del CIS desde su puesto en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

La adscripción de Tezanos al partido del Gobierno podría ser razón suficiente para dudar de la objetividad de los sondeos del organismo público que preside, pero, los datos de intención de voto que sucesivamente va presentando el CIS, cuando se les compara con los del resto las empresas de sondeos indican una inequívoca intención de sesgo en favor del PSOE. 

Según el portal electocracia.com, el promedio de todos los sondeos (25,4%) otorga actualmente al POSE 7,3 puntos menos que el CIS (32,7%). Por el contrario el “promedio” da al PP 6,2 puntos más que Tezanos. Las diferencias de los resultados para todas las formaciones políticas refuerzan la ausencia de objetividad en los datos del CIS. Pero, por si estos últimos sondeos, y los anteriores desde 2019, no fueran suficientemente significativos de este sesgo del CIS, hay que añadir que, incluso alguno de los partidos que conforman el Gobierno, que algo sabrán de lo que se cocina en el CIS, ha acusado abiertamente a este organismo de manipular los datos con objeto de perjudicarles.

(17/03/2023)

El País (31/03/2023; 14:11)

Dado el carácter técnico de todos estos sondeos, incluso aceptando la dificultad intrínseca que entraña su elaboración, no sería razonable buscar la explicación en una improbable falta de capacidad de todos los expertos del CIS. Pero ¿cómo es posible que no haya entre los funcionarios del CIS, alguno capaz de denunciar la anomalía democrática que supone poner al servicio de los intereses particulares de un partido el descrédito de un organismo público tan importante para el estudio de nuestra sociedad? 

Pedro Moraleda/Julio Vinuesa

CONTROLAR LOS PRECIOS POR LEY: ¿CONFUNDIR LOS DESEOS CON LA REALIDAD?

Las deficiencias estructurales de conocimiento, que han acompañado a lo largo del tiempo a las erráticas políticas de vivienda, podrían explicar que todavía se quiera circunscribir el problema de la vivienda únicamente a los precios del alquiler y que se piense que regularlos por ley es la solución para que todos los hogares puedan disponer de una vivienda digna y adecuada.

Por poco conocimiento que se tenga del funcionamiento del sistema residencial es fácil imaginar las enormes dificultades de gestión de todo tipo que se encontrarían las administraciones para hacer operativas unas determinaciones difícilmente objetivables, en unos mercados mal conocidos, complejos y diversos física y socialmente y con una oferta muy atomizada y no profesional.  A ello hay que añadir, además, las muchas dudas que surgen sobre la eficacia de estas medidas para alcanzar los objetivos que se dice perseguir. 

El encarecimiento de los alquileres hace que, en algunas zonas, la vivienda sea inasequible para amplios segmentos sociales, lo que constituye un grave problema social que exige la intervención pública. El objeto de esta intervención sería corregir los desajustes del mercado con respecto a las capacidades de renta de los hogares, que pueden verse privados de facto del derecho a la vivienda, pero hay experiencias que demuestran que la limitación de rentas por ley no sólo no soluciona el problema, sino que, puede agravarlo y favorecer que se cronifique.

Desde mediados del siglo pasado se construyeron más de siete millones de viviendas protegidas en España, con ayudas públicas y con regulación de sus precios de venta y renta.  Pero, como se sabe, todas esas viviendas se vendieron, se descalificaron y pasaron al mercado libre. Si se hubiese ejercido un mejor control sobre el uso de esas viviendas y siguiesen siendo públicas o, al menos, “protegidas”, la situación sería muy diferente.

No ayudará llorar sobre la leche derramada, pero sí asumir la realidad: en las ciudades españolas no existen parques públicos de vivienda y se está pretendiendo obviar esa grave realidad, que es la principal causa del problema. No habrá solución hasta que una quinta parte del parque sean viviendas en alquiler a precios regulados y si se pretende llegar ahí por “atajos”, como la implementación inmediata de topes a los precios, es porque se confunden los deseos con la realidad o porque se buscan otros objetivos. Hace unos días, desde el propio Gobierno, se han invocado motivaciones “electoralistas" para que se aprueben con urgencia la ley de vivienda que daría respaldo a la regulación. 

¿Hasta cuándo las políticas de lo urgente seguirán postergando lo importante?  Lo fundamental es optimizar el uso del parque residencial existente, adecuándolo a las necesidades de la sociedad, con una oferta suficiente de vivienda en alquiler regulado. Será una tarea ingente y a largo plazo, por esos debería iniciarse sin demoras.  

Harán falta muchos mas recursos y emprender actuaciones coordinadas en una gran diversidad de aspectos (desde el suelo a la eficiencia energética) ¿Serán capaces los agentes políticos, sociales y económicos… de alcanzar el consenso necesario sobre el diagnóstico y mantener el rumbo?  ¿Se superarán los sesgos ideológicos que señalan a los propietarios de las viviendas como la causa del problema, cuando en realidad son necesarios para la solución? JULIO VINUESA

¿DE QUÉ PROBLEMA DE LA VIVIENDA HABLAMOS?

Las subidas de los precios de bienes de primera necesidad tienen per se una valoración social negativa porque dificulta, cuando no impide, la satisfacción de derechos básicos. 

Tal es el caso del encarecimiento de la vivienda, que obliga a los hogares a hacer un esfuerzo económico excesivo o incluso les impide disfrutar de una vivienda por carecer de la renta suficiente. La persistencia de esta situación hace que, para buena parte de la opinión pública, el problema de la vivienda se reduzca a su encarecimiento y que se llegue a la conclusión de que la solución está en la regulación normativa de los precios del alquiler. 

Con ese razonamiento excesivamente simplificador no se tiene en cuenta que el desajuste puede deberse también a un mercado de empleo precario y bajas remuneraciones. Pero, sobre todo, se ignora la complejidad de las formas en que los distintos tipos de hogares afrontan el mercado de la vivienda y las diferentes consecuencias que para cada uno puede acarrear la elevación de los precios.   

Hay un grupo de hogares a los que su nivel de renta no les permite pagar un alquiler y que tampoco encuentran respuesta en una inexistente oferta de viviendas públicas asequibles. Quizás no sea el grupo más numeroso, pero sí es el que padece el problema en términos de imposibilidad absoluta y el que, por tanto, ha de tener toda la atención de las políticas públicas. Está integrado por hogares en situación de exclusión, los jóvenes que querrían emanciparse y los hogares resultantes de separaciones o divorcios, entre otros.

Otro grupo diferente y más transversal es el de los hogares que, disponiendo ya de una vivienda alquilada, tienen que dedicar mas de una tercera parte de los ingresos a pagar el alquiler. El problema se agrava en la medida en que disminuye su capacidad económica para satisfacer otras necesidades básicas. 

Un tercer grupo en posición radicalmente distinta es el de los hogares que compran la vivienda y tienen que hacer frente a los pagos de una hipoteca.  En este caso el problema se gradúa en proporción al porcentaje de la renta que hay que dedicar al pago de la hipoteca. Aunque siga estando de fondo el esfuerzo económico para disponer de una vivienda, es muy diferente la valoración que estos hogares hacen de la evolución de los precios.  porque cuando se compra la vivienda para dar respuesta a las necesidades de alojamiento se está efectuando, también, una inversión y consolidando unos ahorros. En estos casos, por grande y dilatado que sea el esfuerzo económico, las subidas de precios de las viviendas son positivamente valoradas, pues contribuyen al aumento del valor del patrimonio familiar resultante de esa inversión. 

Este grupo, junto con el de los que ya tienen totalmente pagada su vivienda, suponen más de tres cuarta partes del total de los hogares y no es razonable pensar que esos propietarios puedan desear una contención de los precios, con efectos negativos sobre la revalorización de su inversión y su patrimonio. 

Insistiendo en la complejidad del mercado, hay que significar que los precios de venta y de alquiler están interrelacionados y que del encarecimiento salen beneficiados, además de los propietarios de viviendas, otros muchos agentes: los propietarios de suelo, los bancos, los promotores inmobiliarios, las haciendas locales, los notarios, los registradores, los API, y todos los que aumentan sus ingresos proporcionalmente al precio de la vivienda.

Por todo ello, las políticas activas para atajar el auténtico problema de la vivienda deberán centrarse en crear, fundamentalmente a partir del parque residencial existente, una oferta suficiente de viviendas reguladas, cedidas en alquiler y adecuadas a las necesidades y a las capacidades de renta de los hogares. Sólo por esa vía, aunque sea muy exigente y lenta, será posible avanzar para hacer efectivo el derecho a disponer de una vivienda. Centrarse en la regulación de los precios del alquiler en un mercado libre y de intereses contrapuestos, es confundir los deseos con la realidad. Julio Vinuesa.

¿POR QUÉ NO SE INFORMAN MEJOR ALGUNOS MEDIOS (ANTES DE DESCUBRIR LA PÓLVORA)?

 

Primero El Intermedio (23/02/2023) y uno días después El País (6/03/2023) informan de que en Portugal “han descubierto el remedio” para el problema de la vivienda.

Es un tópico que en políticas de vivienda “está ya todo inventado” y que “no existen soluciones mágicas”. A poco informadas que hubiesen estado las autoras de estos reportajes, habrían evitado anunciar a la sociedad española el “descubrimiento” en Portugal de una “nueva solución” a un problema tan grave como la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada.

Políticas para poner en uso las viviendas vacías como las denominadas “estrategias del palo” (recargas del IBI, expropiación temporal del uso de la vivienda…) y la “zanahoria” (apoyos en la gestión, financiación de la rehabilitación, seguridad, ventajas fiscales…), se llevan aplicando desde hace muchos años en España y seguro que los políticos portugueses también saben que no son la panacea y que presentan serias dificultades y limitaciones para aplicarlas con éxito debido a la complejidad jurídica y social del tema.

Sin otra motivación que reclamar a los medios de comunicación mayor rigor cuando hablen de políticas de vivienda, recomiendo a estos “descubridores de mediterráneos”, que lamentablemente tanto abundan en estos tiempos de superficialidad y adanismo, que cuando traten el tema, profundicen en los muchos esfuerzos que ya se han hecho y se hacen para tratar de poner en uso las viviendas vacías y colaboren a difundirlos. Después, que alcen su voz para que los poderes públicos pongan aún más empeño en corregir el gran despilfarro social que representan las viviendas deshabitadas, para contribuir con ello a optimizar la utilización del parque residencial. 

¿Pero, hasta cuándo algunos medios de comunicación antepondrán la necesidad de llamar la atención a su misión de informar con rigor? JULIO VINUESA

¿HASTA CUÁNDO TANTA INCOHERENCIA DE NUESTROS PARTIDOS POLÍTICOS?

Innumerables son las razones para criticar la incoherencia de un candidato a la presidencia del gobierno que dice no poder dormir si se asocia con un partido determinado, que no indultará a secesionistas, que no gobernará con los afines al terrorismo, etc., y luego hace todo lo contrario. Igual de incoherentes son quienes se proclaman defensores de la mujer y se resisten a cambiar una ley que rebaja las penas a agresores sexuales, cuando no los excarcela, y quienes se dicen defensores del empleo, pero agobian a los auténticos creadores de empleo en este país.

Pero la incoherencia no es exclusiva de un lado del arco parlamentario. 

En reciente desayuno informativo, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se presenta, o nos los presentan, como defensor de la sostenibilidad y político dialogante, justo cuando está proponiendo la tala de miles de árboles en Madrid Río, en el parque de Comilla, de la Arganzuela, etc. para ampliar líneas de metro y sólo hace caso de la protesta vecinal cuando se aproximan elecciones. 

Ciertamente, poca sensibilidad medioambiental demuestra quien subordina la existencia de parques bien consolidados a la ampliación de líneas del Metro, que seguro que tienen trazados alternativos y menos perjudiciales para esos parques y sus vecinos. Y el hecho de que Madrid sea una de las capitales europeas con mayor superficie de arbolado, como sostiene el alcalde de Madrid, tampoco es razón para reducir su espacio.

Igualmente, se muestra el consejero preocupado por la escasez de viviendas asequibles en Madrid y propone la habilitación y cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de más viviendas. Esperemos que sean concesiones temporales del derecho de superficie porque está demostrado que el aumento del número de viviendas no suele traducirse en la reducción del precio ya que buena parte de las nuevas viviendas cumplen más el objetivo de ser bienes de inversión que hogares.

¿Por qué, en fin, no nos rebelamos contra tanta incoherencia, sin importar cuál sea la ideología que la defiende? Pedro Moraleda

VIVIENDA: LA SOLUCIÓN ESTÁ FUERA DEL MERCADO

El problema de la vivienda, en su expresión más grave, se concreta en el hecho de que hay ciudadanos que no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada porque los precios del mercado no se lo permiten, incumpliéndose un derecho fundamental amparado por la Constitución.

La vivienda es, por naturaleza, un bien costoso y su mercado tiene peculiaridades que favorecen tendencias alcistas de los precios, acentuadas por la especulación del suelo en las frecuentes fases de crecimiento urbano o económico. 

En el mercado, la vivienda simultanea su condición de “bien de uso” con la de “bien de cambio”. Inevitablemente, cuando se compra una vivienda, incluso si se trata de la residencia familiar, se están consolidando unos ahorros y haciendo una inversión. En torno al 90% de las familias españolas son propietarias de alguna vivienda por lo que es difícil imaginar un estado de opinión favorable a que bajen los precios. 

Sea por la escasez de oferta o por el efecto inflacionario de la vivienda,  entendida como “bien de cambio”, los desequilibrios entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de las familias son una constante que cronifica el problema. Además, las actuaciones públicas dirigidas a contrarrestar los efectos del mercado no han sido eficaces. Desde los años 60 se ha promovido en España muchos millones de viviendas “protegidas”, construidas con dinero público, pero, en una contradictoria política de “tejer y destejer”, se fueron vendiendo a los adjudicatarios y pasaron a engrosar el mercado libre, apropiándose los particulares de las plusvalías generadas.

Es necesario cambiar radicalmente el modelo de la política de vivienda, dedicar muchos más recursos públicos, especialmente los patrimonios públicos de suelo, y consensuar un marco normativo estable que dé seguridad jurídica y que propicie que en torno a un 20% del parque residencial, se ofrezca, al margen del mercado libre, en alquiler a precios asequibles y, a la vez, con rentabilidades que garanticen su viabilidad económica.

La solución no está en intentar actuar sobre el mercado con “parches” efectistas e ineficaces, pero no inocuos. ¿Pero, por qué se quiere ignorar ahora que con medidas de control de precios, inaplicables en la práctica, sólo se conseguirá reducir la oferta y que el mercado se haga más opaco y menos accesible? Julio Vinuesa

¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

Hace unas semanas el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 

Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 

¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 

¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?

Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad.  Julio Vinuesa

¿ACASO NO ES EL MOMENTO DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POR LA POLÍTICA ENERGÉTICA RECIENTE?

En las crisis siempre se busca un culpable. En este caso parece que es Rusia, o más bien Putin, el responsable de nuestra crisis energética, de la inflación galopante y de todas las penurias que se nos avecinan, pero cabe la duda de si se hubiera atrevido a invadir Ucrania si no fuera consciente de la enorme dependencia que Europa tiene de sus materias primas, energéticas y otras.

 

En aras de la reducción de emisiones nocivas y desde el principio de la pasada década, la política energética de medio mundo, y especialmente de la Unión Europea, ha criminalizado la exploración y producción de hidrocarburos, ha decretado el cierre anticipado de centrales nucleares y ha estresado el importante sector de la automoción puesto que los fabricantes no saben qué producir, si lo que hoy demanda el mercado o lo que van a ser obligados vender dentro de pocos años. Esta política no ha considerado, sin embargo, qué fuentes de energía, o de movilidad, pudieran estar listas para sustituir a las que ahora suponen más del 80% del suministro global de energía primaria ni ha analizado cómo reducir la alta dependencia de un solo y problemático suministrador.

 

Es evidente que la protección del medio ambiente deviene una prioridad absoluta, y más ahora que los efectos del cambio climático parecen más visibles que nunca, pero ¿por qué el énfasis que se ha puesto en eliminar los hidrocarburos o la energía nuclear no se ha empleado antes para desarrollar otras iniciativas que ya cuentan con importante soporte tecnológico tales como la mejora de la eficiencia energética, la captura del CO₂, el hidrógeno, el almacenamiento eficiente de energía, etc.?

 

También es evidente la responsabilidad de Putin en ponernos al borde del precipicio, pero hay que admitir cierta torpeza en la planificación energética porque no se ha tenido en cuenta el potencial de las energías alternativas antes de penalizar las que ahora mantienen en funcionamiento la industria y calientes, o frescos, los hogares. Parece que ha fallado dramáticamente el “timing” o coordinación de los plazos necesarios para transitar de las energías renovables a las energías limpias y sostenibles, quizás por desconocimiento de los líderes políticos del sector energético o por exceso de ideología, pero por falta de pragmatismo en todo caso. 

En resumen, no queramos engañarnos buscando sólo fuera a los responsables de una crisis energética que hace tiempo se veía venir. Pedro Moraleda

¿POR QUÉ LA POLÉMICA SOBRE UN NUEVO GASODUCTO ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA?

Que un tema tan técnico como la construcción de un gasoducto entre Francia y España, el llamado Midcat, haya atraído la atención de medios de comunicación no especializados quizás haya sido por las posturas tan enfrentadas entre los gobiernos de Francia y España a este respecto.

La necesidad de reforzar las conexiones energéticas entre los Estados Miembros de la Unión Europea es un argumento a favor de la postura española, pero hay otras razones que ponen en duda la necesidad de esta importante inversión.

Cuando, tiempo atrás, se convocó un concurso para reserva de capacidad en este proyecto de gasoducto, este quedó casi desierto por el escaso interés de la industria privada. El Midcat desembocaría en una zona de Francia donde la red de gasoductos es inexistente o está poco desarrollada y donde hay escasos centros de consumo que justificaran su construcción. Además, el gasoducto atravesaría zonas muy sensibles medioambientalmente y exigentes de expropiaciones o derechos de paso muy cotosos.

Si se tomara hoy la decisión de construir el Midcat, éste no estaría operativo antes de 4 o 5 años, plazo suficientemente largo como para encontrar otras soluciones a la crisis energética actual. Y, si se necesitan no menos de 30 años para amortizar la inversión, se entraría en conflicto con la política de la Unión Europea de eliminar el uso de los combustibles fósiles antes de 2050, política a la que ni en estas circunstancias parece que se quiera renunciar. Débil parece, también, el argumento de que se podría utilizar el Midcat para transportar hidrógeno verde en el futuro teniendo en cuenta que ese futuro tampoco es a corto plazo, que el hidrógeno verde conviene que sea generado “in situ” y que los volúmenes de este combustible que eventualmente se podrían transportar no alcanzarían a ocupar más que una pequeña parte de la capacidad de este gasoducto. 

Si el objetivo es que Alemania tenga otra vía de acceso para el gas natural procedente del Mediterráneo, se está olvidando que el principal proveedor de gas en el Mediterráneo, Argelia, ha entrado recientemente en una difícil relación con España y ha optado por suministrar gas a Europa a través de Italia. 

Si lo que pretende el gobierno español es mostrar su solidaridad con Alemania, hay otra forma de hacerlo más inmediata y no exigente de inversiones como es mediante el gas natural licuado, o GNL transportado por mar. España ha liderado en Europa el comercio de GNL, cuenta con tantas plantas de recepción de gas licuado como el resto de Europa y contratos de suministro con más de una docena de fuentes de suministro. Sería posible desviar algunos de los cargamentos de GNL que tenemos contratados hacia plantas europeas mejor conectadas con la red de gasoductos o a las plantas de regasificación flotantes con las que Alemania espera contar a corto plazo, en tanto apuestan definitivamente por el GNL para dejar de depender tanto de un solo proveedor, o se deciden a retrasar temporalmente el cierre de sus centrales nucleares.

Por todo ello, ni se puede obligar a Francia a invertir en un gasoducto que no considera necesario, al menos mientras exista capacidad redundante en los dos gasoductos operativos entre Francia y España, ni a reforzar sus redes en la zona del proyecto del Midcat, ni se deberían arriesgar fondos públicos en inversiones que en su día no fueron bien acogidas por la iniciativa privada.

Lo que queremos, pues, que se nos explique es si reabrir el debate sobre el Midcat no responde solamente un afán de protagonismo internacional del Gobierno de España. Pedro Moraleda

¿PARA QUÉ UN (¿NUEVO?) SISTEMA INTEGRADO DE DATOS MUNICIPALES?

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha creado una plataforma para la consulta on line de variables sobre distintos “bloques temáticos”: “demográfico, económico, geográfico, de servicios, de vivienda y hogar y medioambiental.” Los datos están organizados por municipios, provincias y comunidades autónomas. En la presentación de la “herramienta”, se indica que con ella “se pone a disposición de investigadores, responsables políticos y del público en general una colección de indicadores y datos de diferentes temáticas con el objetivo de facilitar el acceso a la información lo más detallada posible sobre el estado de situación del territorio “.

A través de la plataforma “tableau public” se ofrecen también algunas posibilidades de análisis a partir de la comparación y el cruce de los distintos indicadores y ámbitos. Pero por su contenido podría decirse que se trata de una “versión digital” de los antiguos “anuarios estadísticos”. No incorpora información que no pueda encontrarse fácilmente en la página del INE y, si bien aporta la posibilidad de elaborar fácilmente un gran número de cálculos estadísticos, no siempre está claro el significado de los resultados que puedan obtenerse ni su utilidad para conocer lo que se enuncia como “el estado de situación del territorio” (sic).

Ya hemos explicado en alguna ocasión nuestras críticas a las ideas que sustentan la expresión “reto demográfico”, que parecen estar detrás de esta iniciativa: Consideramos necesarios los enfoques holísticos para el análisis territorial y reclamamos disponer de mayor información sociodemográfica georreferenciada, así como la utilización a ultranza de las nuevas tecnologías para su tratamiento y análisis. Por eso creemos que una herramienta creada por la Administración del Estado tendría que ofrecer información más adecuada y actualizada y tener mayor capacidad de análisis, especialmente por lo que se refiere a la expresión cartográfica.

Cabe preguntarse, sólo a título de ejemplo y en relación con la información contenida en el “bloque de vivienda y hogares”: ¿Qué aportan datos tan desactualizados como los de viviendas del Censo de 2011? ¿Qué utilidad tienen los datos de hogares si no incluyen flujos de los diferentes tipos? ¿Por qué no se ha incorporado información desde el Índice de alquiler de vivienda del MITMA?

En puertas de la publicación por el INE de los datos del Censo de 2021, que proporcionará muchas nuevas posibilidades de disponer de una información muy valiosa para el análisis territorial, no alcanzamos a ver la utilidad del esfuerzo que supone crear y mantener una herramienta con las limitaciones de este Sistema Integrado de Datos Municipales. 

Ante la necesidad de realizar análisis territoriales para diagnosticar correctamente las causas de lo que se ha tipificado como “reto demográfico", ¿por qué en vez de en “amasar” datos no se pone el objetivo en mejorar y ampliar la información existente? ¿Alguien cree que puede ser eficaz utilizar herramientas más o menos efectistas para construir indicadores estadísticos sin haber definido previamente su idoneidad?

No parece que para montar el Sistema Integrado de Datos se haya comenzado por sentar los criterios de actuación a partir de unas buenas bases teóricas. ¿No sería mejor haber comenzado por el estudio profundo de las aportaciones realizadas durante decenios desde la academia y a través de las experiencias regionales de actividad planificadora del territorio? (Julio Vinuesa) 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MADRID: LOS PRECIOS NO SON LA CAUSA

El artículo 47 de la Constitución Española proclama que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cuando hay hogares que no pueden ejercer ese derecho se entiende que existe un “problema de vivienda” que exige actuaciones públicas. 

Durante decenios las políticas de vivienda se han centrado en ayudas a la promoción y a la compra de viviendas y hay que señalar que este modelo ha supuesto que el dinero público empleado y las plusvalías generadas hayan terminado en manos privadas y que en la actualidad prácticamente sea residual el parque público de viviendas. 

Son aún incipientes las nuevas actuaciones para la regeneración del parque ya existente o a favor de una mayor oferta de alquiler asequible. Cuando se ha vuelto la mirada hacia el alquiler, el “problema” queda reducido a los elevados precios e inmediatamente el mercado es señalado como único culpable y las principales propuestas van en la línea de legislar para controlar los precios. Parece obvio que los intentos de control de los precios en un mercado de alquiler de oferta muy atomizada y poco profesional, perteneciente en su mayoría a economías familiares, no irán mucho más allá de distraer la atención y retrasar la necesidad de actuar decididamente y mediante políticas consensuadas y a largo plazo, sobre las verdaderas causas del “problema”.

En la actualidad, con un parque envejecido y un fuerte dinamismo sociodemográfico, el problema es fundamentalmente de inadecuación del parque residencial existente, por las deficiencias de las viviendas y porque los hogares tienen necesidades de alojamiento diferentes. No se conoce con precisión por la falta de información al respecto, pero es alto el grado de ineficiencia en el uso que se está haciendo del parque residencial, con las consecuencias sociales y económicas que ello comporta para la ciudad. 

¿Hasta cuándo los poderes públicos, exigidos por la “urgencia social” seguirán haciendo diagnósticos sesgados acompañados de “propuestas parche”? 

¿Por qué no se sientan las bases para una colaboración público-privada, en un marco estable de seguridad jurídica, para crear un parque de vivienda en alquiler rentable y a precios asequible? J.Vinuesa

¿ES LA ESCASEZ DE SUELO LA CAUSA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MADRID?

Hay que insistir, antes que nada, en que nos falta la información estadística y el análisis necesaria para poder diagnosticar correctamente y con detalle los problemas de la vivienda en Madrid. Sólo así se puede explicar que se siga defendiendo que el problema estriba en que la escasez de suelo encarece la vivienda y que la solución está en desarrollar más suelo edificable. Se argumenta que, dado que el coste del suelo es un componente muy importante del precio final de las viviendas, al aumentar la oferta de suelo edificable, bajarán los precios. Para quienes tienen intereses económicos en el sector inmobiliario este argumento es irrebatible: pura lógica del funcionamiento del mercado. Pero la historia permite constatar que no es así, ¿o es que ya se han olvidado los efectos del exceso de oferta generado durante la burbuja vivida hace poco más de diez años? 

A modo de recordatorio: con la Ley del Suelo de 1998 se pretendía terminar con la escasez de suelo edificable para abaratar el precio de la vivienda (fue conocida como la ley del todo urbanizable). Unos años antes, con idénticos argumentos liberalizadores a ultranza, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 ya había incorporado esos principios y los había llevado a la práctica al aprobar los famosos PAUs. Se dijo entonces que se iba a terminar con la escasez de suelo provocada por la rigidez del Plan de 1985, que estaba coartando el desarrollo de la ciudad y provocando el encarecimiento de la vivienda. Los PAUs, que permitían la construcción de 75.000 nuevas viviendas, suponían un enorme aumento de la oferta que abarataría la vivienda para que los jóvenes madrileños no tuviesen que “emigrar a los municipios de la periferia metropolitana”.

Lo que vino después fue la gran burbuja inmobiliaria. Se consiguió un exceso de oferta de vivienda y se produjo un encarecimiento de los precios como no se había conocido. En un proceso solo guiado por la especulación, los solares de los PAUs cambiaban varias veces de propietarios, multiplicando sus precios antes de que se hubiese construido nada en ellos y, paralelamente, subían casi exponencialmente los precios de las viviendas. El comprador de la vivienda no se interesaba por analizar costes ni si el precio era excesivo; su interés estaba en la mayor revalorización posible.

Es un hecho constatable que los precios a los que se puede vender la vivienda los determina el mercado y es a partir de ahí cuando el propietario fija el precio del suelo. ¿Por qué un propietario de suelo habría de conformarse con un precio inferior al que le pueda pagar el promotor inmobiliario tras conocer cuánto están dispuestos a pagar los compradores por las viviendas que se van a construir? Esta es otra interpretación de la relación causal entre el precio del suelo y el de la vivienda, pero a diferencia de la primera está constatada por la historia.

Las dos explicaciones son excesivamente esquemáticas pues hablamos de mercados tan complejos como poco transparentes, muy dependientes de las condiciones de financiación y propicios a la especulación. Es necesario, también, tener en cuenta que tanto el suelo como la vivienda son bienes de oferta poco elástica, muy diferenciados por su localización -lo que puede hacer que sean escasos- y que el auge de la ciudad los revaloriza. 

¿Cuándo se entenderá que limitar el debate a la escasez de suelo edificable y su precio no es el camino para encontrar soluciones al precio de la vivienda?

¿Cuándo se aceptará que en una ciudad como Madrid, el derecho universal a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles nunca podrá alcanzarse solamente a través del mercado? 

¿A qué habrá que esperar para que, mediante la colaboración público-privada, se inicien políticas estables para crear una oferta suficiente de viviendas en alquiler, adecuada a las diversas necesidades por tipos de hogares, niveles de renta y ámbitos? (J.Vinuesa)