Ahora que el presidente del gobierno ha puesto en la picota una marca concreta de automóviles de lujo en post de un uso generalizado del transporte público, surgen muchas preguntas respecto a la política en este ámbito.
¿Cómo contribuye el automóvil al erario público?
Un tipo de automóvil parecido al citado por el presidente aporta al Estado cerca de 100.000 € en el momento de su venta entre IVA e impuesto de circulación, mientras que otro automóvil, también de lujo, pero eléctrico y el más vendido en España el año pasado, no sólo apenas paga impuestos, sino que recibe una generosa subvención del Estado hasta dónde llegan los fondos destinados a incentivar la venta de vehículos eléctricos. Es, pues, tal el desequilibrio que existe entre lo que contribuyen los ricos que optan por un coche de combustión interna de alta gama y los no menos ricos que compran uno eléctrico que los primeros bien merecerían agradecimiento por su contribución y no el desdén de los responsables de las finanzas públicas.
¿Están al alcance del ciudadano de clase media los automóviles eléctricos?
Hasta ahora, ciertamente no. En primer lugar, porque quien no tenga una plaza de garaje con instalación eléctrica en la misma mal va a poder cargar la batería. En segundo lugar, porque un eléctrico es el segundo o tercer coche de una persona o familia ya que sigue siendo aventurado lanzarse a un viaje largo con un automóvil eléctrico. Por último, pero no menos importante, porque los eléctricos siguen siendo muy caros.
¿Qué va a pasar con la otrora fuerte industria española, y europea, del automóvil?
Desde que se inició la ola pro-coche eléctrico, los constructores europeos lo están pasando mal, no sólo por la bajada de sus ventas sino por la indefinición de la regulación que retrae a muchos compradores. Bloomberg estima que las plantas de los cinco mayores fabricantes europeos de automóviles trabajan al 50 % de su capacidad. A este paso, pronto empezarán a cerrar y a dejar gente en el paro mientras aumenta nuestra dependencia económica y política de China, que es de donde proceden la mayoría de los coches eléctricos y sus componentes. En España, los tres pilares de la economía son el turismo, la energía y la industria de automoción, pero este último pilar puede dejar de serlo a no muy largo plazo.
¿Es que no hay alternativa al coche eléctrico para reducir las emisiones?
Años atrás la política de la Unión Europea consistía en exigir una reducción gradual de emisiones a los fabricantes de automóviles, pero sin imponer ni incentivar una tecnología concreta. Esa política demostraba confianza en los especialistas para conseguir reducir las emisiones mediante mejoras en la eficiencia de los motores o en la composición de los carburantes, campos ambos en los que se está demostrando gran potencial de mejora. Esta política europea ha ido endureciéndose hacia la imposición de cero emisiones en cierto plazo, lo cual, además de ser de utópico, significa imponer una tecnología para la que ni nuestros fabricantes ni la sociedad están preparados. Se entiende que reducir hasta eliminar las emisiones es un objetivo político irrenunciable y es evidente que los vehículos actuales consumen mucho menos que los antiguos, pero para eso sería más eficaz empezar por eliminar todos los vehículos más contaminantes e incentivar el desguace de coches antiguos. Esto sería una política más progresista que primar la compra de automóviles eléctrico de lujo y la fórmula más práctica e inmediata para reducir las emisiones.
¿Cómo se van a sustituir los impuestos provenientes de la venta de carburantes?
Si por cada euro de carburante vendido, el Estado recauda alrededor del 50 % en impuestos y se venden miles de millones de litros de carburantes al año, podemos imaginar la contribución del sector de automoción tradicional al erario público, pero es más difícil imaginar cómo podría sustituir Hacienda estos ingresos si el impuesto sobre los kilovatios necesarios para recorrer un kilómetro es mucho menor que el impuesto sobre el carburante equivalente. Y, cuando haya que tratar de reequilibrar este presupuesto, no quedará más remedio que aumentar el impuesto sobre la electricidad, tema harto complejo por tratarse de un producto de primera necesidad.
En conclusión, la sustitución del vehículo de combustión interna nos va a suponer un elevadísimo coste económico, social y político y, por el camino que llevamos, CAOS es el término que mejor define las perspectivas del sector de automoción en Europa.
PEDRO MORALEDA
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