En esta primavera de 2023 el problema de la vivienda ha adquirido un protagonismo inusitado. Tras cuarenta años de Constitución se ha decidido redactar una ley estatal para regular el derecho a la vivienda y ha costado cinco años de negociaciones entre los socios de Gobierno para su elaboración y aprobación.
En el último mes el Gobierno ha anunciado más actuaciones en vivienda que durante los casi cuatro años de legislatura, más el año y medio del anterior gobierno de Sánchez tras la moción de censura a Rajoy.
Todos los expertos coinciden en que para que la política de vivienda sea eficaz será necesario un Pacto de Estado, con el consenso de los muchos agentes públicos y privados implicados. Pero la Ley de Vivienda se ha hecho premeditadamente sin el necesario consenso. Más bien algunos de sus planteamientos más propugnados y publicitados en los medios por sus promotores parecen querer resaltar la confrontación, censurando y agrediendo económicamente “per se” a los propietarios de vivienda, que son más del 80% de los hogares de España y cuya colaboración es imprescindible para dar solución a uno de los aspectos mas acuciantes del problema: la escasez y la carestía de la oferta en el mercado de alquiler.
Sin necesidad de entrar a analizar la calidad de los diagnósticos sobre los que teóricamente se sustentan las determinaciones de la Ley, se hace evidente el error de desvirtuarla desde su origen por la falta de consenso y por la confrontación de que se ha hecho gala. Como ocurre con demasiada frecuencia, los intereses coyunturales particulares pueden malograr, en este caso con grave quebranto del interés general, la gran oportunidad de encauzar con éxito un nuevo modelo en la política de vivienda.
Ante tal forma de actuar, hay que preguntarse por qué en lugar de buscar el consenso se ha optado por una inútil y nociva confrontación social intentando rentabilizar electoralmente ciertos "postureos ideológicos". La respuesta no puede desligarse de la necesidad que tiene el Gobierno del apoyo de algunos de sus socios y de que la aprobación se produjo en pleno periodo electoral. La Ley entró en vigor el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones locales y autonómicas ¿Era ese el principal objetivo?
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