VIVIENDA: LA SOLUCIÓN ESTÁ FUERA DEL MERCADO

El problema de la vivienda, en su expresión más grave, se concreta en el hecho de que hay ciudadanos que no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada porque los precios del mercado no se lo permiten, incumpliéndose un derecho fundamental amparado por la Constitución.

La vivienda es, por naturaleza, un bien costoso y su mercado tiene peculiaridades que favorecen tendencias alcistas de los precios, acentuadas por la especulación del suelo en las frecuentes fases de crecimiento urbano o económico. 

En el mercado, la vivienda simultanea su condición de “bien de uso” con la de “bien de cambio”. Inevitablemente, cuando se compra una vivienda, incluso si se trata de la residencia familiar, se están consolidando unos ahorros y haciendo una inversión. En torno al 90% de las familias españolas son propietarias de alguna vivienda por lo que es difícil imaginar un estado de opinión favorable a que bajen los precios. 

Sea por la escasez de oferta o por el efecto inflacionario de la vivienda,  entendida como “bien de cambio”, los desequilibrios entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de las familias son una constante que cronifica el problema. Además, las actuaciones públicas dirigidas a contrarrestar los efectos del mercado no han sido eficaces. Desde los años 60 se ha promovido en España muchos millones de viviendas “protegidas”, construidas con dinero público, pero, en una contradictoria política de “tejer y destejer”, se fueron vendiendo a los adjudicatarios y pasaron a engrosar el mercado libre, apropiándose los particulares de las plusvalías generadas.

Es necesario cambiar radicalmente el modelo de la política de vivienda, dedicar muchos más recursos públicos, especialmente los patrimonios públicos de suelo, y consensuar un marco normativo estable que dé seguridad jurídica y que propicie que en torno a un 20% del parque residencial, se ofrezca, al margen del mercado libre, en alquiler a precios asequibles y, a la vez, con rentabilidades que garanticen su viabilidad económica.

La solución no está en intentar actuar sobre el mercado con “parches” efectistas e ineficaces, pero no inocuos. ¿Pero, por qué se quiere ignorar ahora que con medidas de control de precios, inaplicables en la práctica, sólo se conseguirá reducir la oferta y que el mercado se haga más opaco y menos accesible? Julio Vinuesa

¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

Hace unas semanas el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 

Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 

¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 

¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?

Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad.  Julio Vinuesa

¿ACASO NO ES EL MOMENTO DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POR LA POLÍTICA ENERGÉTICA RECIENTE?

En las crisis siempre se busca un culpable. En este caso parece que es Rusia, o más bien Putin, el responsable de nuestra crisis energética, de la inflación galopante y de todas las penurias que se nos avecinan, pero cabe la duda de si se hubiera atrevido a invadir Ucrania si no fuera consciente de la enorme dependencia que Europa tiene de sus materias primas, energéticas y otras.

 

En aras de la reducción de emisiones nocivas y desde el principio de la pasada década, la política energética de medio mundo, y especialmente de la Unión Europea, ha criminalizado la exploración y producción de hidrocarburos, ha decretado el cierre anticipado de centrales nucleares y ha estresado el importante sector de la automoción puesto que los fabricantes no saben qué producir, si lo que hoy demanda el mercado o lo que van a ser obligados vender dentro de pocos años. Esta política no ha considerado, sin embargo, qué fuentes de energía, o de movilidad, pudieran estar listas para sustituir a las que ahora suponen más del 80% del suministro global de energía primaria ni ha analizado cómo reducir la alta dependencia de un solo y problemático suministrador.

 

Es evidente que la protección del medio ambiente deviene una prioridad absoluta, y más ahora que los efectos del cambio climático parecen más visibles que nunca, pero ¿por qué el énfasis que se ha puesto en eliminar los hidrocarburos o la energía nuclear no se ha empleado antes para desarrollar otras iniciativas que ya cuentan con importante soporte tecnológico tales como la mejora de la eficiencia energética, la captura del CO₂, el hidrógeno, el almacenamiento eficiente de energía, etc.?

 

También es evidente la responsabilidad de Putin en ponernos al borde del precipicio, pero hay que admitir cierta torpeza en la planificación energética porque no se ha tenido en cuenta el potencial de las energías alternativas antes de penalizar las que ahora mantienen en funcionamiento la industria y calientes, o frescos, los hogares. Parece que ha fallado dramáticamente el “timing” o coordinación de los plazos necesarios para transitar de las energías renovables a las energías limpias y sostenibles, quizás por desconocimiento de los líderes políticos del sector energético o por exceso de ideología, pero por falta de pragmatismo en todo caso. 

En resumen, no queramos engañarnos buscando sólo fuera a los responsables de una crisis energética que hace tiempo se veía venir. Pedro Moraleda

¿POR QUÉ LA POLÉMICA SOBRE UN NUEVO GASODUCTO ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA?

Que un tema tan técnico como la construcción de un gasoducto entre Francia y España, el llamado Midcat, haya atraído la atención de medios de comunicación no especializados quizás haya sido por las posturas tan enfrentadas entre los gobiernos de Francia y España a este respecto.

La necesidad de reforzar las conexiones energéticas entre los Estados Miembros de la Unión Europea es un argumento a favor de la postura española, pero hay otras razones que ponen en duda la necesidad de esta importante inversión.

Cuando, tiempo atrás, se convocó un concurso para reserva de capacidad en este proyecto de gasoducto, este quedó casi desierto por el escaso interés de la industria privada. El Midcat desembocaría en una zona de Francia donde la red de gasoductos es inexistente o está poco desarrollada y donde hay escasos centros de consumo que justificaran su construcción. Además, el gasoducto atravesaría zonas muy sensibles medioambientalmente y exigentes de expropiaciones o derechos de paso muy cotosos.

Si se tomara hoy la decisión de construir el Midcat, éste no estaría operativo antes de 4 o 5 años, plazo suficientemente largo como para encontrar otras soluciones a la crisis energética actual. Y, si se necesitan no menos de 30 años para amortizar la inversión, se entraría en conflicto con la política de la Unión Europea de eliminar el uso de los combustibles fósiles antes de 2050, política a la que ni en estas circunstancias parece que se quiera renunciar. Débil parece, también, el argumento de que se podría utilizar el Midcat para transportar hidrógeno verde en el futuro teniendo en cuenta que ese futuro tampoco es a corto plazo, que el hidrógeno verde conviene que sea generado “in situ” y que los volúmenes de este combustible que eventualmente se podrían transportar no alcanzarían a ocupar más que una pequeña parte de la capacidad de este gasoducto. 

Si el objetivo es que Alemania tenga otra vía de acceso para el gas natural procedente del Mediterráneo, se está olvidando que el principal proveedor de gas en el Mediterráneo, Argelia, ha entrado recientemente en una difícil relación con España y ha optado por suministrar gas a Europa a través de Italia. 

Si lo que pretende el gobierno español es mostrar su solidaridad con Alemania, hay otra forma de hacerlo más inmediata y no exigente de inversiones como es mediante el gas natural licuado, o GNL transportado por mar. España ha liderado en Europa el comercio de GNL, cuenta con tantas plantas de recepción de gas licuado como el resto de Europa y contratos de suministro con más de una docena de fuentes de suministro. Sería posible desviar algunos de los cargamentos de GNL que tenemos contratados hacia plantas europeas mejor conectadas con la red de gasoductos o a las plantas de regasificación flotantes con las que Alemania espera contar a corto plazo, en tanto apuestan definitivamente por el GNL para dejar de depender tanto de un solo proveedor, o se deciden a retrasar temporalmente el cierre de sus centrales nucleares.

Por todo ello, ni se puede obligar a Francia a invertir en un gasoducto que no considera necesario, al menos mientras exista capacidad redundante en los dos gasoductos operativos entre Francia y España, ni a reforzar sus redes en la zona del proyecto del Midcat, ni se deberían arriesgar fondos públicos en inversiones que en su día no fueron bien acogidas por la iniciativa privada.

Lo que queremos, pues, que se nos explique es si reabrir el debate sobre el Midcat no responde solamente un afán de protagonismo internacional del Gobierno de España. Pedro Moraleda

¿PARA QUÉ UN (¿NUEVO?) SISTEMA INTEGRADO DE DATOS MUNICIPALES?

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha creado una plataforma para la consulta on line de variables sobre distintos “bloques temáticos”: “demográfico, económico, geográfico, de servicios, de vivienda y hogar y medioambiental.” Los datos están organizados por municipios, provincias y comunidades autónomas. En la presentación de la “herramienta”, se indica que con ella “se pone a disposición de investigadores, responsables políticos y del público en general una colección de indicadores y datos de diferentes temáticas con el objetivo de facilitar el acceso a la información lo más detallada posible sobre el estado de situación del territorio “.

A través de la plataforma “tableau public” se ofrecen también algunas posibilidades de análisis a partir de la comparación y el cruce de los distintos indicadores y ámbitos. Pero por su contenido podría decirse que se trata de una “versión digital” de los antiguos “anuarios estadísticos”. No incorpora información que no pueda encontrarse fácilmente en la página del INE y, si bien aporta la posibilidad de elaborar fácilmente un gran número de cálculos estadísticos, no siempre está claro el significado de los resultados que puedan obtenerse ni su utilidad para conocer lo que se enuncia como “el estado de situación del territorio” (sic).

Ya hemos explicado en alguna ocasión nuestras críticas a las ideas que sustentan la expresión “reto demográfico”, que parecen estar detrás de esta iniciativa: Consideramos necesarios los enfoques holísticos para el análisis territorial y reclamamos disponer de mayor información sociodemográfica georreferenciada, así como la utilización a ultranza de las nuevas tecnologías para su tratamiento y análisis. Por eso creemos que una herramienta creada por la Administración del Estado tendría que ofrecer información más adecuada y actualizada y tener mayor capacidad de análisis, especialmente por lo que se refiere a la expresión cartográfica.

Cabe preguntarse, sólo a título de ejemplo y en relación con la información contenida en el “bloque de vivienda y hogares”: ¿Qué aportan datos tan desactualizados como los de viviendas del Censo de 2011? ¿Qué utilidad tienen los datos de hogares si no incluyen flujos de los diferentes tipos? ¿Por qué no se ha incorporado información desde el Índice de alquiler de vivienda del MITMA?

En puertas de la publicación por el INE de los datos del Censo de 2021, que proporcionará muchas nuevas posibilidades de disponer de una información muy valiosa para el análisis territorial, no alcanzamos a ver la utilidad del esfuerzo que supone crear y mantener una herramienta con las limitaciones de este Sistema Integrado de Datos Municipales. 

Ante la necesidad de realizar análisis territoriales para diagnosticar correctamente las causas de lo que se ha tipificado como “reto demográfico", ¿por qué en vez de en “amasar” datos no se pone el objetivo en mejorar y ampliar la información existente? ¿Alguien cree que puede ser eficaz utilizar herramientas más o menos efectistas para construir indicadores estadísticos sin haber definido previamente su idoneidad?

No parece que para montar el Sistema Integrado de Datos se haya comenzado por sentar los criterios de actuación a partir de unas buenas bases teóricas. ¿No sería mejor haber comenzado por el estudio profundo de las aportaciones realizadas durante decenios desde la academia y a través de las experiencias regionales de actividad planificadora del territorio? (Julio Vinuesa) 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MADRID: LOS PRECIOS NO SON LA CAUSA

El artículo 47 de la Constitución Española proclama que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cuando hay hogares que no pueden ejercer ese derecho se entiende que existe un “problema de vivienda” que exige actuaciones públicas. 

Durante decenios las políticas de vivienda se han centrado en ayudas a la promoción y a la compra de viviendas y hay que señalar que este modelo ha supuesto que el dinero público empleado y las plusvalías generadas hayan terminado en manos privadas y que en la actualidad prácticamente sea residual el parque público de viviendas. 

Son aún incipientes las nuevas actuaciones para la regeneración del parque ya existente o a favor de una mayor oferta de alquiler asequible. Cuando se ha vuelto la mirada hacia el alquiler, el “problema” queda reducido a los elevados precios e inmediatamente el mercado es señalado como único culpable y las principales propuestas van en la línea de legislar para controlar los precios. Parece obvio que los intentos de control de los precios en un mercado de alquiler de oferta muy atomizada y poco profesional, perteneciente en su mayoría a economías familiares, no irán mucho más allá de distraer la atención y retrasar la necesidad de actuar decididamente y mediante políticas consensuadas y a largo plazo, sobre las verdaderas causas del “problema”.

En la actualidad, con un parque envejecido y un fuerte dinamismo sociodemográfico, el problema es fundamentalmente de inadecuación del parque residencial existente, por las deficiencias de las viviendas y porque los hogares tienen necesidades de alojamiento diferentes. No se conoce con precisión por la falta de información al respecto, pero es alto el grado de ineficiencia en el uso que se está haciendo del parque residencial, con las consecuencias sociales y económicas que ello comporta para la ciudad. 

¿Hasta cuándo los poderes públicos, exigidos por la “urgencia social” seguirán haciendo diagnósticos sesgados acompañados de “propuestas parche”? 

¿Por qué no se sientan las bases para una colaboración público-privada, en un marco estable de seguridad jurídica, para crear un parque de vivienda en alquiler rentable y a precios asequible? J.Vinuesa

¿ES LA ESCASEZ DE SUELO LA CAUSA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MADRID?

Hay que insistir, antes que nada, en que nos falta la información estadística y el análisis necesaria para poder diagnosticar correctamente y con detalle los problemas de la vivienda en Madrid. Sólo así se puede explicar que se siga defendiendo que el problema estriba en que la escasez de suelo encarece la vivienda y que la solución está en desarrollar más suelo edificable. Se argumenta que, dado que el coste del suelo es un componente muy importante del precio final de las viviendas, al aumentar la oferta de suelo edificable, bajarán los precios. Para quienes tienen intereses económicos en el sector inmobiliario este argumento es irrebatible: pura lógica del funcionamiento del mercado. Pero la historia permite constatar que no es así, ¿o es que ya se han olvidado los efectos del exceso de oferta generado durante la burbuja vivida hace poco más de diez años? 

A modo de recordatorio: con la Ley del Suelo de 1998 se pretendía terminar con la escasez de suelo edificable para abaratar el precio de la vivienda (fue conocida como la ley del todo urbanizable). Unos años antes, con idénticos argumentos liberalizadores a ultranza, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 ya había incorporado esos principios y los había llevado a la práctica al aprobar los famosos PAUs. Se dijo entonces que se iba a terminar con la escasez de suelo provocada por la rigidez del Plan de 1985, que estaba coartando el desarrollo de la ciudad y provocando el encarecimiento de la vivienda. Los PAUs, que permitían la construcción de 75.000 nuevas viviendas, suponían un enorme aumento de la oferta que abarataría la vivienda para que los jóvenes madrileños no tuviesen que “emigrar a los municipios de la periferia metropolitana”.

Lo que vino después fue la gran burbuja inmobiliaria. Se consiguió un exceso de oferta de vivienda y se produjo un encarecimiento de los precios como no se había conocido. En un proceso solo guiado por la especulación, los solares de los PAUs cambiaban varias veces de propietarios, multiplicando sus precios antes de que se hubiese construido nada en ellos y, paralelamente, subían casi exponencialmente los precios de las viviendas. El comprador de la vivienda no se interesaba por analizar costes ni si el precio era excesivo; su interés estaba en la mayor revalorización posible.

Es un hecho constatable que los precios a los que se puede vender la vivienda los determina el mercado y es a partir de ahí cuando el propietario fija el precio del suelo. ¿Por qué un propietario de suelo habría de conformarse con un precio inferior al que le pueda pagar el promotor inmobiliario tras conocer cuánto están dispuestos a pagar los compradores por las viviendas que se van a construir? Esta es otra interpretación de la relación causal entre el precio del suelo y el de la vivienda, pero a diferencia de la primera está constatada por la historia.

Las dos explicaciones son excesivamente esquemáticas pues hablamos de mercados tan complejos como poco transparentes, muy dependientes de las condiciones de financiación y propicios a la especulación. Es necesario, también, tener en cuenta que tanto el suelo como la vivienda son bienes de oferta poco elástica, muy diferenciados por su localización -lo que puede hacer que sean escasos- y que el auge de la ciudad los revaloriza. 

¿Cuándo se entenderá que limitar el debate a la escasez de suelo edificable y su precio no es el camino para encontrar soluciones al precio de la vivienda?

¿Cuándo se aceptará que en una ciudad como Madrid, el derecho universal a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles nunca podrá alcanzarse solamente a través del mercado? 

¿A qué habrá que esperar para que, mediante la colaboración público-privada, se inicien políticas estables para crear una oferta suficiente de viviendas en alquiler, adecuada a las diversas necesidades por tipos de hogares, niveles de renta y ámbitos? (J.Vinuesa)

¿POR QUÉ ES NECESARIO REPETIR ALGUNAS OBVIEDADES SOBRE LA VIVIENDA?

 

Se habla mucho sobre “la vivienda” pero raras veces desde la consideración de que es una realidad poliédrica, que tiene que ser estudiada desde distintas perspectivas. La vivienda es un espacio con características físicas y localizaciones muy diversas, cuya existencia se justifica por su utilidad para proporcionar alojamiento digno, seguro, confortable, como respuesta a una necesidad vital reconocida como un derecho fundamental universalmente reconocido.

Desde hace más de 100 años los poderes públicos de los países más avanzados asumen la responsabilidad de emprender políticas garantizar el derecho a la vivienda, pero ningún país, ni siquiera en los que tienen un estado de bienestar más completo, más perfecto, pueden afirmar que se haya solucionado satisfactoriamente lo que se conoce como “el problema de la vivienda”.

El derecho a la vivienda es indisociable del “derecho a la ciudad”: a poder acceder a servicios y equipamientos que garanticen otros derechos básicos (educación, sanidad...) y proporcionen unos mínimos niveles de calidad de vida.

La vivienda es también un componente básico del espacio urbano, de la ciudad y de la estructura territorial. 

La vivienda es también un activo económico, una forma de ahorro y de inversión. En España es el componente principal -cuando no único- del patrimonio de la inmensa mayor parte de las familias. 

En torno a la vivienda se sitúan grandes intereses económicos del sector inmobiliario, del sector de la construcción y del sector financiero. 

La fiscalidad de la vivienda es una importante fuente de financiación de todas las administraciones.

 

Es obligado analizar la vivienda, en cuanto que repuesta a las necesidades de alojamiento, con un enfoque global, “holístico”, considerando la totalidad de los elementos, factores y agentes privados y públicos implicados en: su construcción, los mercados, el ordenamiento jurídico, las actuaciones públicas, sus condiciones de habitabilidad y su utilización. 

Pero ese análisis no es posible porque se carece de la información estadística y del conocimiento preciso sobre el parque residencial, sus características, su estado, su uso. Tampoco se conocen las necesidades de vivienda. Esa carencia de información, de conocimiento, es tan grave como incomprensible en un tiempo con enormes posibilidades de obtener y tratar la información.

Si no se conoce bien el presente no se puede actuar con garantías para mejorar del futuro. Sólo se entiende tanto énfasis regulatorio sobre la vivienda y tan poco interés en conocer la realidad si lo que se pretende no es una mejora efectiva sino medidas estéticas (llamémoslas populistas o de mero compromiso político). Julio Vinuesa

¿ACASO PODEMOS PRESCINDIR DE LA ENERGÍA NUCLEAR?

La crisis energética que estamos viviendo no ha empezado con la guerra de Ucrania y va a ser más grave que la crisis del petróleo del principio de los años setenta. 

La carencia y encarecimiento del petróleo, el gas y el carbón habían comenzado ya hace años tras la caída en las inversiones en exploración y producción por la creciente crítica de estos productos por cuestiones medioambientales. 

La guerra de Ucrania y el consiguiente embargo a Rusia recortan aún más la disponibilidad de estos hidrocarburos hasta amenazar con parar a muchas industrias de Europa y el confort, cuando menos, de buena parte de su población. Incluso tras el eventual fin de esta guerra, la confianza y el comercio entre las partes tardará mucho tiempo en recuperarse. 

Las emergentes energías renovables están aún lejos de poder garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y, mucho menos, del calor necesario para la industria y los hogares.

Soluciones puede haberlas, pero difícilmente antes de tres años las más perentorias y frágiles y, al menos, el doble de plazo para soluciones más definitivas. 

En esta situación, lo solución más inmediata podría ser aplazar el cierre de centrales nucleares, centrales cuya generación no depende del sol o del viento ni de suministradores externos de dudosa fiabilidad. De hecho, Alemania está reconsiderando su polémica política energética o “Energiewende”, cuyo detalle más destacable fue el cierre de su gran parque nuclear, poderosa fuente de energía que ahora permitiría a Alemania afrontar con otra actitud el embargo a Rusia. También, países de tanto peso como Francia y el Reino Unido han decidido relanzar sus programas nucleares. 

¿Por qué, entonces, nuestras autoridades se resisten a esta solución y repiten que la energía nuclear no es rentable? 

Quizás sólo nos digan parte de la verdad porque si bien es cierto que nadie se atrevería a invertir ahora en una nueva central nuclear clásica, tampoco nadie consideraría cerrar una central operativa si en España hubiera una mínima garantía o estabilidad regulatoria. 

Aunque la energía hidráulica no es objeto de este escrito, tampoco nuestro gobierno parece partidario de dar más protagonismo a esta alternativa energética autorizando nuevos embalses, a pesar de la constatación de que las temporadas de lluvia están cada vez más concentradas en poco tiempo. 

Al final, habrá que dar la razón un ex director general de Política Energética y Minas que recientemente decía que “La verdadera singularidad de España es la defensa de soluciones demagógicas”.  PEDRO MORALEDA

¿MIEDO A LA INFORMACIÓN? LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA NO SE RESOLVERÁN SIN CONOCIMIENTO

Los millones de datos existentes en los muchos registros administrativos permitirían crear la información y conocimiento necesarios para mejorar rápida y ostensiblemente la gestión pública, haciéndola más eficiente. Con los registros existente y la capacidad de las nuevas tecnologías, ninguna administración debería tener impedimentos técnicos ni económicos para hacerlo, pero, salvo en puntuales y honrosas excepciones, no lo hacen. 

Un caso palmario es la carencia de información sobre el parque residencial y las necesidades de vivienda. Por ejemplo, tras muchos años en los que las estadísticas de precios eran únicamente producidas y difundidas por entidades privadas, no exentas de intereses en el mercado, en junio de 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) hizo público un índice de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, una herramienta que pretende ofrecer información anual fiable y contrastada, que sirva de referencia para conocer la situación y la evolución del mercado del alquiler residencial. Se trata también de crear un instrumento útil para delimitar ámbitos concretos de intervención con objeto de facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles. Pero los datos se publican con un desfase de dos años y la primera actualización se ha producido, con retraso, en marzo de 2022. Sin entrar en otras debilidades técnicas, el desfase de 24 meses deja prácticamente sin utilidad esa pretendida “referencia” para un mercado tan dinámico y coyuntural como suele ser el del alquiler de viviendas.

Es solo un ejemplo, pero pone de manifiesto que, disponiendo de los medios, las administraciones no los emplean para facilitar información y generar el conocimiento necesario sobre las causas que más directamente inciden en el agravamiento de un problema estructural tan relevante como el de la vivienda. 

Habría que preguntarse por los motivos del desinterés por elaborar información que, adecuadamente analizada, permita generar conocimiento y hacer diagnósticos acertados del problema, pasos previos necesarios para que las soluciones a aplicar sean eficaces. Al no deberse a la carencia de medios, podría achacarse a la ausencia de voluntad política, inducida por la propia ignorancia, pero quizás será más acertado considerar que se trata de una estrategia premeditada para ocultar la realidad. 

La información y el conocimiento puestos a disposición de los ciudadanos limitarían las arbitrariedades en la actuación de los poderes públicos. Pero, como ocurre en el caso del problema de la vivienda, la ausencia de transparencia permite que las causas queden ocultas por el ruido mediático provocado sobre uno de sus síntomas: el encarecimiento del alquiler. La discusión sobre las medidas coyunturales a adoptar para una hipotética regulación de los precios, deja fuera de foco las verdaderas causas del problema: el suelo, el modelo de desarrollo urbano, la inexistencia de un parque público de viviendas en alquiler con precios asequibles... 

Es “incómodo” para los gobernantes, desde alcaldes a ministros, sacar a la luz, en toda su extensión y profundidad, la auténtica naturaleza y el alcance de los problemas. Obtener y difundir conocimiento sobre la habitabilidad y el uso del parque residencial obligaría en muchos casos a tomar medidas muy costosas, arduas e, incluso, poco populares, pero que son imprescindibles para combatir con eficacia las dificultades de amplias capas de la sociedad, especialmente los jóvenes, para disponer de una vivienda digna y adecuada. 

¿Sería suficiente mejorar el conocimiento de las causas del problema de la vivienda para que cese la inútil política de “parches” que se viene aplicando durante decenios? Seguramente, no, pero, sin duda, es un paso imprescindible.

J.Vinuesa

¿PODREMOS SOBREVIVIR SIN EL GAS Y EL PETRÓLEO RUSOS?

La respuesta inmediata es que sí, pero que no sólo aumentaría, sino que se multiplicaría el precio que tendríamos que pagar por nuestras materias primas energéticas.

España afronta la actual crisis con Rusia como uno de los países europeos con menor dependencia de las materias primas energéticas procedentes de ese país; concretamente, el gas ruso supuso el 9 % de todas nuestras compras de gas en 2021 y su petróleo el 4 % de nuestras importaciones. Estas cifras son bajas si tenemos en cuenta que Rusia es el proveedor global del 19 % del gas y del 12 % del petróleo. 

Tan importante como nuestra baja dependencia de Rusia en estos momentos es que importamos gas de 12 países y petróleo de 19 países. El del petróleo es un mercado muy líquido que facilita la sustitución de proveedores, pero el mercado del gas es algo más complejo: buena parte de la contratación se hace a largo plazo y necesita específicas infraestructuras de recepción como gasoductos o plantas de recepción de gas licuado (GNL), pero España cuenta con dos gasoductos desde Argelia, 7 plantas de recepción de GNL, que son casi tantas como el resto de Europa, y la más larga tradición en la contratación de GNL.

A pesar de esta optimista perspectiva, lo grave es que no podremos evitar tener que pagar mucho más por el gas y el petróleo a la vista de la reducción global de su oferta; así, el crudo de petróleo de referencia, el Brent, ya ha pasado de una media de unos 60 $ el barril en tiempos anteriores a la crisis a 130 $ actualmente, mientas que el gas en el mercado español ha saltado de 17 €/MWh el 8 de marzo de 2021 a 214 €/MWh justo un año después.

¿Qué se podría hacer, pues, en esta tesitura de precios disparados de la energía primaria?

Con efecto a corto plazo, probar con estas medidas que están a nuestro alcance:

En orden de prioridad, podríamos apostar por lo siguiente a corto plazo y a nuestro alcance: 

-Ahorrar, mejorar nuestra eficiencia energética para reducir nuestras compras;

-Impulsar las energías renovables y sistemas/medios para almacenamiento de energía;

-Prolongar la vida de las centrales nucleares como apoyo temporal a las renovables;

-Revisar la estructura de la tarifa eléctrica y, ahora, los derechos de emisión de CO2.

Otras medidas eficaces con efecto a medio y largo plazo, pero que no están sólo a nuestro alcance y que supondrían aparcar momentáneamente la transición energética:

-Apostar por el hidrógeno verde como fuente de energía y medio de almacenamiento;

-Reforzar las conexiones gasistas y eléctricas en toda Europa y con limítrofes; 

-Investigar nuevas tecnologías nucleares: pequeños reactores modulares, fusión...;

-Incorporar al mercado fuentes energéticas ahora marginadas: Irán, Venezuela…;

-Desarrollar nuevos yacimientos gasistas: Mediterráneo oriental, Este de África…

Pedro Moraleda

¿ES QUE LA LOCALIZACIÓN DE UNOS CUANTOS ENTES ADMINISTRATIVOS PODRÁ REVERTIR LAS TENDENCIAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN?

En la edición digital de El País del 31/01/2022 se recoge la información de que el Gobierno ha puesto en marcha varios proyectos para implantar distintos organismos públicos en zonas con problemas de despoblación. Así, en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan, Linares y Miranda de Ebro se instalarán sendos centros tecnológicos de RENFE; y dos nuevos centros de la UNED en Alcañiz y Ponferrada. Según dicha información estos centros suponen “la creación de entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados”. 

Además, parece inminente un Real Decreto que regulará la adjudicación de nuevas instituciones públicas a aquellos territorios cuyas Administraciones lo soliciten. La localización se decidirá en atención a la intensidad de la despoblación y por las ventajas que ofrezcan los territorios para el asentamiento de la institución y de sus empleados. 

Se dice que las medidas forman parte de la estrategia del Ministerio de Política Territorial para combatir la despoblación y “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. 

No se puede dejar de considerar que se trata de una información en plena campaña electoral de Castilla y León, pero, puesto que se anuncia el inicio de un proceso de descentralización administrativa, cabe preguntarse si realmente se cree que este tipo de medidas pueden tener algo más que un efecto cosmético; si  podrán modificar la inercia de una estructura territorial que se ha ido conformando de acuerdo con las condiciones del medio natural y de la actuación humana a lo largo de los siglos.

Para corregir la debilidad demográfica de las comarcas “despobladas” no serán útiles pequeñas y poco eficaces actuaciones que no van a modificar la actual estructura territorial. La estrategia de localización de las actividades económicas se guía por la necesidad de garantizar rentabilidades. Las decisiones de las personas libres para elegir dónde vivir se rigen, además de por criterios económicos, por razones culturales muy variadas como, por ejemplo, disfrutar de la “animación” urbana.

¿Por qué se hacen planteamientos propios de trasnochadas economías planificadas, y se ignora que la revolución tecnológica nos pone ante una realidad muy diferente, que modifica radicalmente los factores de localización? 

¿Se ha estudiado la eficacia de la reubicación de entidades públicas para la repoblación y desarrollo endógeno de los territorios supuestamente beneficiados?

¿Se ha evaluado la eficiencia de los recursos públicos dedicados a llevar a cabo esta reubicación? Julio Vinuesa

¿ANTE EL FRACASO DE NUESTRA DEMOCRACIA?

Coinciden en el tiempo la publicación de un estudio del Centro por el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge y un artículo de The Economist sobre la democracia en EE.UU. 

El primero viene a decir que los españoles estamos evolucionando más que otros europeos hacia la defensa de liderazgos fuertes y las dudas sobre la democracia; el segundo, que el 80% de los norteamericanos interesados por la política piensan que su sistema democrático necesita cambios importantes, si no una reforma completa.

Ambos dan pie a la sospecha de que el sistema democrático occidental puede estar deteriorándose y no responder a los valores que pregona e incluso perder su eficacia como vector de progreso social y económico. Algunas razones de esto:

1. Claramente, no se gobierna con el objetivo del bien común, sino con el de conservar el poder aceptando, si hace falta compromisos difícilmente asumibles con la excusa de que para llevar a cabo una acción política el requisito previo es detentar el poder.
2. En muchos países, no estamos gobernados por la mayoría, sino por muchas minorías, como algún personaje público se ha atrevido a decir.
3. Se van olvidando los consensos: asistimos a una radicalización política, radicalización que se traslada a la sociedad, y no sólo en el ámbito de la política; parece que quien alcanza el poder renuncia a gobernar para todos, no busca la conciliación y rechaza de plano cualquier argumento de la oposición por mucho que este pudiera ser razonable o útil al bien común.
4. Esta radicalidad se agrava cuando son los militantes de cada partido, los de mayor carga ideológica, quienes eligen a los candidatos; sólo así se puede entender la dudosa calidad de los líderes elegidos últimamente, incluso en democracias con gran tradición. 
5. Las listas de candidatos cerradas y la disciplina de partido desvinculan al elector del elegido e impiden la racionalidad y eficacia en su supuesta función de representación.
6. La aparición de opciones políticas alternativas dificulta la formación de gobiernos estables y coherentes porque, con frecuencia intereses muy concretos son contradictorios con el interés común. 
7. El debilitamiento de instituciones independientes o arbitrales refuerza la posición del poder ejecutivo, que no está en plano de igualdad con el aspirante.
8. No se cumple el principio democrático de cada persona un voto: dependiendo de donde se vote, cada voto tiene un valor muy diferente.
9. Se empieza a envidiar la mayor eficacia de las autocracias frente a las democracias en gestión política, económica, sanitaria, de seguridad, etc.
10. El horizonte de la planificación no alcanza más allá del plazo de una legislatura, lo que limita la eficacia de la acción pública e imposibilita una gestión económica a medio y largo plazo en momentos en que la globalización exige una política más coordinada.
11. La pública es la única función seria para la que no se requiere preparación ni se exigen responsabilidades por su ejercicio ni se penalizan sus incongruencias. Pedro Moraleda

"TENERDERECHISMO"

En la entrevista de El País Semanal (4/12/2021), ya citada en otra entrada, José Ángel González Sainz habla muy oportunamente del “tenerderechismo”:

“… A veces se dice que esta es una sociedad infantil…, ¡ojalá fuera infantil!, pero es adolescente, que es peor. Un día, en medio de la pandemia y de los botellones, oí decir en la radio a una chica: “¡Es que los adolescentes tenemos derecho a divertirnos!”. ¿¡Derecho!? ¿¡A divertirse!? No. Sería estupendo que te divirtieras, pero no tienes ningún derecho a ello. Yo a eso lo llamo el tenerderechismo, algo que a veces es muy de izquierdas y que ya fue perfectamente descrito por Ortega y Gasset —a quien tanto hemos despreciado sin leer— en “La rebelión de las masas”: ese exigentismo que no tiene ningún sentido."

Pienso que es una actitud generalizada la de creernos merecedores de todos los derechos inimaginables, mientras que si alguien recuerda la existencia de deberes y la exigencia de su cumplimiento es inmediatamente acusado de autoritarismo. Es un interesante tema de debate que no habla bien de las virtudes democrática de nuestra sociedad "adolescente".  JV.

Sobre LA MEMORIA HISTÓRICA

 

PM. (17/01/2022)

Me parece interesante comentar otro párrafo de la entrevista a Manuel Valls en El Español, citada también en otra entrada,

"Utilizar el pasado para dividir es lo que hace Zemmour, es lo que hace parte de la derecha y de la izquierda en Francia, lo que hace parte de la derecha y la izquierda en España… utilizar la historia para dividir. Es un error. Los historiadores tienen que hacer un gran trabajo.

A propósito de esta referencia a la menoría histórica parece oportuno recordar un párrafo del Edicto de Nantes de 1598 (ley del olvido):

“…la memoria de todas las cosas pasadas entre una parte y la otra, desde 1585 hasta nuestra llegada al trono y durante los demás desórdenes anteriores y hasta la coronación quedará apagada y adormecida, como si fueran sucesos no ocurridos. Y no les estará permitido a nuestros procuradores generales, ni a ninguna otra persona pública o privada, en ningún tiempo, ni en ninguna ocasión, hacer mención, pleito o enjuiciamiento de esta memoria en ninguna corte u órgano jurisdiccional. Defendamos todos nuestros asuntos, de cualquier clase o calidad que sean, de renovar la memoria, atacarse, sentir resentimiento, injuriar, ni provocar reproches por lo que ya pasó, sin que valga ninguna causa o pretexto para disputar, impugnar, querellar u ofenderse por hecho o por palabra, y, en cambio, contenerse y vivir pacíficamente juntos como hermanos, amigos y conciudadanos, bajo pena para los transgresores que serán castigados como infractores de paz y perturbadores del descanso público.”

Igualmente oportuna es la cita de David Riff (*) sobre lo abrumadora que podría ser la memoria histórica en Irlanda del Norte, en los Balcanes o en Oriente Próximo:

“La memoria histórica colectiva ha conducido más veces a la guerra que a la paz, al rencor y al resentimiento que a la reconciliación, y al deseo de vengarse más que al inicio del difícil perdón. ¿Y si, en vez de anunciar la pérdida del sentido, cierta dosis de perdón colectivo fuera en realidad la condición necesaria a la construcción de una sociedad apacible y razonable, y el recuerdo fuera una empresa políticamente, socialmente y moralmente arriesgada? ¿Y si, por lo menos en algunos lugares y en ciertas ocasiones, el coste humano y social de la exigencia moral del recuerdo fuera demasiado elevado para que mereciera pagarlo?

(*) David Riff (2016), “In Praise of Forgetting. Historical Memories and Its Ironies”, Yale University Press.

JV. Nada que añadir al texto de David Riff. Creo que lo que viene ocurriendo en España en los últimos años confirma plenamente la valoración de la memoria histórica que, lamentablemente, se revela como un eufemismo del rencor y el resentimiento. Un modo eficaz de crear antagonismos.

A este respecto recuerdo una afirmación del escritor José Ángel González Sainz en una interesante entrevista en el El País Semanal (4/12/2021)

“Uno de nuestros grandes problemas como sociedad, y sobre todo en España, es que no estamos construyendo ciudadanos, estamos construyendo antagonistas.”

Descontextualizar los hechos es una burda manera de manipulación, pero muy efectiva para crear crispación y confrontación. Por mucho que puedan hacer los historiadores los fanatismos son, por definición, refractarios a la verdad, especialmente cuando quieren utilizar la historia como arma arrojadiza.

 

LOS "ISMOS" Y LA CONFRONTACIÓN

PM. (16/01/2022) Me han parecido interesantes este párrafo de una entrevista a Manuel Valls hoy en El Español..

"En España hay un intelectual y una política que tienen visión universalista. El intelectual es Félix Ovejero y la política es Cayetana Álvarez de Toledo. Aquí acaba de morir un amigo mío, Laurent Bouvet, gran intelectual francés, de la izquierda. Habló de los fenómenos identitarios. A él, a mí y a otros cuando entramos en esos términos se nos trata de fascistas, de extrema derecha. Y eso ha pasado mucho en España. Te llaman facha. El problema es, si todos somos fachas, ¿el día que llegan los fachas de verdad, qué? Falta que la izquierda intelectual encuentre un espacio político. Lo identitario, el feminismo, el separatismo a través del idioma como en Cataluña o el País Vasco... tenemos que ir con mucho cuidado. Si la izquierda desaparece arrastrada por esos fenómenos, la alternativa será la derecha o la extrema derecha."

 

JV. También me parece interesante la denuncia de esos "ismos", que me llevan a la siguiente reflexión: Nadie se está enfrentando seriamente al auge de viejas y "nuevas religiones" como separatismos, feminismos, antifascismos, animalismos, y la amplia gama de negacionismos ... que van dando paso al predominio de intereses sectarios frente a la defensa del interés general, que históricamente han defendido los grandes partidos. Los fanatismos y los populismos de todo signo son enemigos de la racionalidad y de la democracia, cada vez más debilitadas.

Por cierto, falta un "ismo", el de los movimientos que van tomando cuerpo bajo el paraguas de la idea de una España vacía. ¿Quizás, "repoblacionismo"? Aunque no lo dicen abiertamente, por lo anacrónico y poco realista que resulta, lo que proponen sería "repoblar", aunque lo que en realidad pretenden es más dinero público ¿victimismo "pedigüeñista"?


En un artículo titulado “La España vaciada y la tentación cantonalista” Guillermo del Valle (El Español, 8/12/2022) termina afirmando: “Falta una izquierda de la igualdad que se oponga a la centrifugación del Estado central.”

MIEDO y SOCIEDAD ¿A QUIEN BENEFICIA EL MIEDO?

 Lo que estamos viendo y viviendo desde el comienzo de la pandemia invita a reflexionar sobre el miedo y su manipulación e impacto en nuestra sociedad.

En términos evolutivos el miedo es una repuesta conservada, útil porque ayuda a tomar decisiones balanceadas entre el riesgo inconsciente y excesivo y la inoperancia temerosa. Pero parece que parte de la sociedad actual gusta de magnificar en exceso e irracionalmente ciertos riesgos; la consecuencia es la aparición de fobias, el aislamiento social y los comportamientos paranoicos. Un ejemplo investigado en los últimos años es la llamada tocofobia, el miedo al embarazo y al parto e incluso a potenciales e infundadas amenazas genéticas en el feto en madres primerizas y no primerizas.

Si introducimos en Google las palabras anti vacunas o similar aparecen más de 27 millones de referencias. Si usamos el equivalente inglés (“anti vax”) el resultado es más de 65 millones de entradas. Sitios que contienen informaciones probadamente incorrectas, maliciosas y dañinas para la sociedad son mantenidos en nombre de la libertad de expresión y de la información balanceada. ¿Estamos preparados para entender y discriminar esa montaña de información tan al alcance de un golpe de tecla?

Un estudio reciente (Papakyriakopoulos y col. 2020) concluye que si bien las “fake-news” y las teorías de la conspiración se generan en medios alternativos (twits, muros de Facebook, webs de organizaciones desconocidas,…) son los medios de gran alcance, desde la televisión hasta Google, considerados mucho más veraces que los otros, los que alimentan las llamas del incendio porque incluso cuándo intentan combatir el error y el fanatismo, los diseminan más rápida y eficazmente. 

Al final, lo que queda en la mente de muchos individuos es la sensación de “algo habrá cuando tanta gente lo repite”. Nada ayuda el machaqueo constante de cifras y opiniones de expertos, unos reales y otros entrecomillas al que estamos sometidos. Unos se vuelven más temerarios y otros más temerosos.

¿Es alimentar el miedo el gran negocio de los medios? En el fondo ¿nos gusta pasar miedo? Marco A. Delgado

NO EN MI GUARDIA

Para Matthew Flinders, Universidad de Sheffield, lo más sorprendente de esta crisis ha sido descubrir la incapacidad social para a) aceptar que estamos ante una amenaza real y común y b) la incapacidad o la falta de deseo para buscar una respuesta balanceada y solidaria. Es decir, unos creen que el coronavirus es problema de los viejos pero no de los jóvenes, otros creen que la mayoría de los recursos públicos deben dedicarse a combatir el coronavirus en detrimento del resto de enfermedades, con indignación de los que se ven afectados por la falta de asistencia sanitaria pública real, unos miran con preocupación el coste económico de los cierres y el desempleo y otros han mirado con alborozo (quizás ya no tanto) la llegada del teletrabajo, sin calibrar las consecuencias futuras. No queremos aceptar que no hay soluciones perfectas pero cada uno sí queremos la que nos viene mejor (en cada momento).

Nada ayuda que el coronavirus sea un problema global porque cada Estado ha reaccionado según su visión sobre la propia capacidad, su modelo político-social, enemistades o amistades históricas y ambiciones y circunstancias del momento, así vemos como unas veces prohíben a otros y otras veces son prohibidos por los otros. O como las vacunas son usadas como trueque para introducirse en los recursos y los gobiernos de los países más pobres.

En España, además, tenemos una estrategia central muy débil y unas estrategias regionales diversas, tan diversas que lo que es legal en algunas es ilegal en otras. 

Siempre nos encontramos un denominador común, la famosa actitud “No durante mi guardia”. Es lógico que nadie se quiera equivocar, pero es ilógico no asumir que no hay decisiones óptimas y cien por cien populares. Tan irracionales son la inoperancia y el dejarlo todo a la voluntad individual como imponer medidas draconianas y además de eficacia no demostrada (aunque aquí siempre hay un “experto” a mano), que acaban produciendo peligrosas rebeldías o miedos paranoicos y en cualquier caso el desprestigio del que las impone.

Centrándonos en dos modelos aparentemente opuestos, ¿dónde nos sentiríamos más seguros? ¿en los US de Biden o en la China de Jinping? Marco A. Delgado

¿HASTA CUÁNDO NOS VA A SORPRENDER LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA?

 

A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 

Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio. Julio Vinuesa

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NO ES LA CAUSA, ES LA CONSECUENCIA.

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones. 

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios. Julio Vinuesa