OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 

Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema? JV

 

¿CÓMO Y DÓNDE ESTARÁ EL TRABAJO?

La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia”. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? Julio Vinuesa

 

Factura de electricidad: ¿culpar a las eléctricas o afrontar que la transición no saldrá gratis?

La factura de la luz ha sido un cajón de sastre que, por la inevitabilidad de su pago, ha permitido introducir todo tipo de impuestos y cargas, muchas de estas de carácter político.

El desglose de la factura eléctrica de la mayoría de los usuarios, que son los consumidores domésticos, muestra que sólo un tercio de ella corresponde al coste de generación pagado a las eléctricas; aproximadamente otro tercio son impuestos y, el tercio restante, son cargas como las tarifas de transporte y distribución y otras de marcado carácter político como las compensaciones a energías renovables, a territorios extra peninsulares, a deuda histórica, etc. 

Cuando la presión mediática obliga al gobierno en curso a controlar el precio de la electricidad, la solución fácil, y parece que “populista”, es culpar a las eléctricas y amenazar con recortarles sus márgenes, medida de dudosa legalidad y muy peligrosa a medio plazo por la amenaza que supone a un sector fundamental para la seguridad del suministro eléctrico y que está atado de manos cuando el precio del gas o el de las emisiones de CO2 le vienen impuestos por el mercado internacional. 

Las oposiciones políticas a veces exigen actuar sobre los otros dos tercios de la factura, fundamentalmente sobre los impuestos, pero, que quien está en el gobierno intente gestionar un poquito mejor el gasto público y ahorrarnos impuestos, ni se plantea.

En cualquier caso, algo raro ocurre cuando el precio de la electricidad está subiendo en semejante proporción en todos los países de nuestro entorno y sólo aquí genera tanto desasosiego. ¿No será que en nuestro país ningún dirigente se haya atrevido a decir la verdad por miedo a perder votos: que la transición energética hay que pagarla?

Hay una necesidad indiscutible, aparte de un compromiso político, de evolucionar hacia un sistema eléctrico libre de emisiones, pero, de momento, sólo con fuentes de generación limpias y renovables no se garantiza la seguridad del suministro eléctrico. Hemos visto que cuando no hay viento, que es la principal fuente de generación eléctrica renovable en España, hay que acudir al gas natural o al carbón, materias primas crecientemente penalizadas. ¿Por qué ningún líder se atreve a proponer prolongar la vida de las centrales nucleares existentes que aseguran más de la quinta parte de nuestra generación eléctrica total, sin emisiones nocivas ni dependencias de condiciones meteorológicas ni de la importación de combustibles? Pedro Moraleda

¿SERÍA EFICAZ BAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES POR DECRETO?

 

En algunas zonas urbanas de las regiones más dinámicas el mayor problema con la vivienda se manifiesta claramente en el desequilibrio entre sus precios y la capacidad de renta de los hogares que la necesitan. La escasez absoluta de viviendas ya no suele ser un problema, pero sí lo puede ser la no adecuación en razón de su localización, por deficiencias de habitabilidad o por otras características físicas y, siempre, porque el precio de las viviendas las haga inasequibles para amplias capas de la sociedad.

En los últimos tiempos la preocupación se centra sólo en los precios del alquiler. Su elevación es, en parte, consecuencia del crecimiento que ha experimentado la demanda, que en buena parte se debe al hecho de que la compra de una vivienda, que no hace muchos años era un hecho asociado a la emancipación, se ha convertido en algo inalcanzable para la inmensa mayoría de los hogares de jóvenes.

Cuando se propone como solución regular por ley los precios del alquiler en unas denominadas “zonas tensionadas” habría que comenzar por preguntar: ¿con qué criterios técnicos se definirían y se delimitarían esas zonas?

Según parece, lo que se pretende es atender la necesidad de los residentes de esas zonas que no pueden acceder a una oferta inasequible para ellos, regulando los precios a la baja, pero en este caso también hay que preguntarse si esos teóricos “nuevos alquileres más baratos” podrán atraer a demandantes de otras zonas más caras y que, con el precio topado, los arrendadores optarán por la mayor seguridad de los demandantes con unas rentas más elevadas. ¿Se ha pensado en los diferentes efectos segregadores que tendría poner otras “fronteras” al mercado de vivienda?

Al margen de otras muchas consideraciones que se puedan hacer en torno a las respuestas del mercado, habrá que explicar también cómo se justifica técnica y jurídicamente la determinación indiscriminada de los precios máximos autorizados por m2 para el parque residencial de la “zona”, cuando normalmente serán muy heterogéneo, por sus calidades y características y por sus diferentes precios en el mercado libre de compra venta.

Como ejemplo de las dificultades técnicas:  El MITMA creó en 2020 un Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, con datos de 2018, que podría ser un buen comienzo para llegar a conocer, con el rigor y el detalle necesarios, la evolución de los precios, pero, hasta hoy, además de sus limitaciones y del desfase temporal con que nacieron, no han vuelto a ser actualizados.

Quienes proponen este tipo de medidas también deberían explicar cómo solventar el agravio comparativo que supone que la norma fije distintos derechos de los arrendadores a uno y otro lado de los límites administrativamente establecidos: ¿habría distintas regulaciones para los alquileres en una y otra acera de la misma calle? 

Por último, continuando con aspectos de carácter operativo, debería explicarse ¿cómo van a controlar las administraciones locales el acuerdo privado del precio del alquiler entre dos particulares? Mientras no mejore la información y la capacidad de inspección de las administraciones para controlar las rentas percibidas por los propietarios de viviendas en alquiler: aún existe un fraude del 40%. ¿Cómo se van a evitar las numerosas prácticas que surgirían para burlar la norma? Todo parece indicar que la intervención de los precios, allí done se intente, no sería más que otro “parche”, ineficaz, si no contraproducente, para aliviar el problema de la vivienda. Es evidente que el problema es complejo y exige soluciones complejas que vayan a las causas que lo producen. JV.

EL PRECIO DE LA LUZ: ¿ES UNA EMPRESA PÚBLICA LA SOLUCIÓN?

El actual y encendido debate sobre el precio de la electricidad se centra en el coste de generación, y por ende en las empresas eléctricas, sin reparar en que este no representa ni la mitad del importe de la factura para la mayoría de los usuarios. El resto son todo tipo de impuestos, coste de redes, subvenciones a renovables, amortización de deuda, ayudas al equilibrio territorial, etc. Aunque parte de estos extra costes son consecuencia del ansia recaudadora del Estado, otros son necesarios para la transición hacia una forma distinta de producir la electricidad y eliminar estos últimos no es lo más recomendable para avanzar hacia esta transición. 

La transición energética va a ser necesariamente compleja y cara pues, mientras no haya sistemas eficientes para el almacenamiento de la electricidad, tendremos que seguir utilizando las llamadas fuentes de energía gestionables, básicamente el carbón el gas y la nuclear, cuyo uso está siendo crecientemente penalizado con diversos tipos de gravámenes y no hay motivos para pensar que una empresa eléctrica pública pueda prescindir de estas fuentes ni estar exenta de estos gravámenes.

Tampoco hay ejemplos de que una empresa pública genere electricidad a menor coste que una privada ni que vaya a ser más eficaz que un mercado plenamente competitivo para limitar los beneficios, supuestamente extraordinarios, de las privadas.

 

Los llamados “beneficios caídos del cielo” es otra crítica que se hace a las eléctricas y consiste en que las tecnologías de generación de menores costes operativos como, por ejemplo, la hidráulica y la nuclear cobran el precio más alto que se fija en la subasta diaria de electricidad, pero esto es consecuencia del sistema marginalista utilizado en la mayoría de los mercados libres y no del carácter público o privado de los competidores. Este sistema marginalista de subastas se está poniendo en cuestión ahora, pero todavía no se ha propuesto mejor alternativa.

Así como el alto precio actual de la electricidad no depende de la propiedad pública o privada de la empresa eléctrica, tampoco es un problema exclusivo de España sino global porque globales son los precios de las materias primas para la generación eléctrica y fruto de acuerdos internacionales el impuesto sobre emisiones. Si hay países que están siendo capaces de contener los precios es porque en el conjunto de las materias primas utilizadas en generación priman las gestionables de bajo coste; por ejemplo, el 95 % de la generación eléctrica en Noruega es de origen hidráulico y el 75 % de la generación en Francia es nuclear. Y si en un mercado interior único de electricidad europeo no podemos aprovechar esa ventaja no es por otra razón que por limitación de capacidad en las conexiones internacionales. 

 

En conclusión, más que una eléctrica pública lo que necesitamos es liderazgo para la transición. Que no se utilice el precio de la electricidad como argumento de crítica entre gobierno y oposición y que ambos se pongan de acuerdo para plantear a la ciudadanía el reto y sacrificios que implica la transición hasta que fuentes de energía limpias, sostenibles y autóctonas se basten para atender nuestras necesidades energéticas. PM.

¿POR QUÉ EN ESPAÑA NO SE VENDEN COCHES ELÉCTRICOS?

 

Una respuesta simple a esta pregunta, y empezando por la conclusión, es que hay que ser rico para comprar un coche eléctrico en España; o, dicho de otro modo, hay que tener una vivienda con garaje propio; pero incluso esto no es condición suficiente dado el escaso número de puntos públicos de recarga de que disponemos.

En cuanto a las ventas de coches puramente eléctricos, el porcentaje de los matriculados en nuestro país de enero a mayo de 2021 no llegó al 2 % , es decir, algo menos de 7.000 vehículos en cinco meses cuando el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es de cinco millones en 2030. O sea que, para alcanzar ese objetivo, la mayor parte de los vehículos que se vendan desde ahora hasta 2030 habrían de ser eléctricos.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), estamos a la cola de la movilidad eléctrica en Europa. Incluyendo los híbridos enchufables, el porcentaje de automóviles matriculados en España no llegó al 5 % en 2020, entre los últimos de los países desarrollados y lejos del 10 % de media en nuestros países vecinos o del 20 % de media en los países del norte de Europa.

En cuanto a puntos de recarga públicos, también estamos a la cola de Europa solo por delante de Grecia, con 245 puntos por millón de habitantes y lejos de la media de la Unión Europea de 573 puntos de recarga por millón de habitantes a finales de 2020. Y el problema es que la complejidad administrativa en España hace muy difícil poner en funcionamiento un punto de recarga público en menos de dos años. 

En definitiva, que el coche eléctrico está reservado de momento para ricos, puede que por eso el más vendido hasta ahora en España sea el más alto de gama, y que quizás hubiera que reorientar la política de incentivos para transformar nuestro sector de automoción.  PM

¿EXISTEN SOLUCIONES PARA LA DESPOBLACIÓN?

 

En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público, solo útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. (JV)

LA POBLACIÓN FLOTANTE ES UN RETO QUE EXCEDE AMPLIAMENTE LO DEMOGRÁFICO

 

El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.

Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales. 

Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil. 

La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial. 

¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? 

¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable? (JV)

LOS ELEMENTOS PARA LA TORMENTA PERFECTA EN EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

El súbito aumento del precio de la electricidad no sólo ocurre en España, sino que es un fenómeno general con causas muy concretas y aparentemente predecibles tanto en la demanda como en la oferta.

Tras la vuelta a la actividad normal después de más de un año de confinamiento, la demanda de electricidad rebota hasta niveles previos a la pandemia movida por la recuperación industrial y olas de calor sorprendentes en algunas regiones del mundo. Mientras, la oferta no puede responder por limitaciones relativamente repentinas, pero que se intuyen persistentes.

Por una parte, el coste que los generadores de electricidad tienen que pagar por las emisiones de CO2 de las materias primas que utilizan en sus procesos. Ese coste que, en el mercado internacional, estaba en torno a los 15 $ por tonelada de CO2 emitido antes de la pandemia, ahora está en más de 50 $, coste que se suma, también, al precio de la electricidad que ponen en el mercado los generadores que no emiten CO2 (renovables y nucleares) debido al sistema marginalista que rige los precios de la electricidad en los mercados liberalizados.

Por otra parte, el dramático incremento del precio del gas, principal alternativa a la generación renovable, y del crudo. El primero casi se ha duplicado en las últimas semanas sobre el precio medio del año pasado y el segundo ha aumentado en torno al 30%. Las causas no se deben sólo al aumento de la demanda sino a las crecientes dificultades que encuentra las empresas gasistas y petroleras para llevar a cabo sus proyectos y conseguir la confianza de inversores cada día más sensibles al reto medioambiental. 

Si a esto añadimos que las otras alternativas asequibles y gestionables para generar electricidad, el carbón y la energía nuclear, están en tela de juicio (incluso en China), la primera por sus emisiones nocivas y la segunda por seguridad y el monto y plazo de sus inversiones, el resultado es una importante limitación de medios para contener el precio de la electricidad durante el periodo de transición hacia un sistema energético limpio.

Y, como no cabe duda de que esta transición es necesaria y urgente, dispongámonos desde ya a mejorar nuestra eficiencia en el uso de la electricidad, empezando por modular los horarios para su utilización. PM

EL “PROBLEMA DE LA VIVIENDA” NO SE SOLUCIONARÁ SÓLO CON “PARCHES”

 

Hace unos 150 años Engels comenzó a teorizar sobre “el problema de la vivienda” y desde entonces no se han dejado de descubrir y redescubrir posibles soluciones, pero en ningún momento ni en ninguno de los países más avanzados se ha podido considerar plenamente atendido el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.

En España se vienen aplicando políticas desde los años cincuenta del siglo pasado con el objetivo de favorecer la construcción de viviendas e incentivar su compra y el resultado de ese modelo es un escasísimo parque público y una altísima proporción de propietarios, que durante decenios han visto como sus viviendas se revalorizaban y les “enriquecían”. La inmensa mayoría de los hogares españoles tiene en su vivienda unos importantes ahorros consolidados, con las numerosas ventajas individuales y colectivas que de ello se derivan.

Las viviendas se han convertido en una inversión muy rentable y segura y con ello se ha ido difuminando su condición de alojamiento de un hogar, que debería ser necesaria para justificar su existencia. Son el “producto estrella” del sector inmobiliario, que tiene un gran peso en la economía nacional y es generador de enormes plusvalías en el corto plazo.

Otra importante consecuencia del modelo seguido es que se ha consolidado un parque de vivienda caracterizado por una estructura de propiedad extremadamente fragmentada, con las dificultades que de ello pueden derivarse cuando se trata de implementar medidas (rehabilitación, regeneración urbana, control del uso o de los precios del alquiler…) que requieran de la participación de colectivos heterogéneos de propietarios 

Complementariamente, la opción del alquiler no ha sido apoyada por las políticas de vivienda. Desde las normativas de “renta antigua” a la ausencia de apoyos fiscales, que sí han recibido los compradores, todo ha contribuido a hacer del alquiler algo residual, considerado como una mala solución (“alquilar es tirar el dinero”).

El resultado ha sido que el modelo que arrastramos desde mediados del siglo pasado no ha servido para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que la especulación ha contribuido al encarecimiento de un bien de por sí costoso e imprescindible. El problema de la vivienda se agrava aún más cuando divergen el precio de la vivienda y la capacidad de renta de los hogares, pero un proceso tan complejo como la evolución del sistema residencial no se resuelve con objetivos puntuales y “urgentes”, (“limitar los precios en zonas tensionados”, “ayudar a la emancipación de los jóvenes” …) eludiendo el estudio profundo de las causas. Si alguien quiere de verdad hacer frente al problema tendrá que afanarse en consensuar medidas a largo plazo entre fuerzas políticas, administraciones y agentes económicos y sociales. Los cambios habrán de comenzar por el suelo, por la optimización del uso del parque actual y por el objetivo urgente, pero a largo plazo, de crear un parque suficientemente amplio de viviendas en alquiler a precios asequibles 

¿Alguien alguna vez, en algún lugar (el problema se manifiesta a nivel local), se atreverá a afrontar un cambio radical del modelo? 

¿Por qué ni el cambio de régimen político, ni la alternancia de gobiernos con distintas ideologías han producido cambios sustanciales en el modelo durante los últimos setenta años?  JV.

¿POR QUÉ LLAMAN “RETO DEMOGRÁFICO” A LA DESPOBLACIÓN?

Desde el Gobierno se describe “el reto demográfico de la despoblación” con unos cuantos porcentajes que confirman la tendencia a la concentración en las grandes áreas urbanas. El uso de indicadores demográficos ha sido tradicionalmente un recurso eficaz: los datos de población son de fácil manejo y por su aparente obviedad soportan cualquier tipo de aseveración sin requerir mayores argumentos. Pero la despoblación no es el reto, es sólo una de las consecuencias de nuestra estructura territorial. Es oportuno preguntarse qué tipo de deficiencias sociales e institucionales conducen a que se diagnostiquen procesos territoriales de una gran complejidad y larga trayectoria sólo a través de algunos de sus síntomas.

El reto será corregir los desequilibrios entre territorios. Desde que se inició la fase más dinámica del proceso de urbanización de la población española se han ido agravando los desequilibrios regionales. Los Planes de Desarrollo contribuyeron de facto a la consolidación de un modelo en el que siempre se ha antepuesto la eficiencia económica a la equidad territorial. Apaciguado el éxodo rural que se había vivido en España, a partir de los años 80 se consolidan las actitudes localistas de los poderes públicos que, ante la posibilidad de perder autonomía, se muestran refractarios a las ideas de cooperación y coordinación interterritorial. No ha existido voluntad política de acometer actuaciones de planificación territorial dirigidas al gran reto pendiente de conseguir una red de asentamientos más equilibrada, funcional y sostenible. 

¿Por qué se sigue insistiendo en el mensaje demagógico de que la despoblación es sólo la consecuencia del “abusivo” poder de atracción de las grandes ciudades? 

¿Será posible que, tras una inercia de muchos decenios, pueda revertirse la despoblación de tantos ámbitos sólo a base de despilfarrar fondos públicos? La utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas no será eficaz; habrá que mirar a largo plazo e imaginar nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías. Habrá que actuar sobre los factores de localización, esos que llevan a las personas a elegir el lugar en el que desean vivir, pero teniendo en cuenta que el reto es mejorar la estructura territorial para reducir los desequilibrios entre territorios. Después, el modo en el que la población se distribuya sobre el territorio seguirá siendo sólo una consecuencia. JV.

¿POR QUE SOLO VEMOS LOS PROBLEMAS DE LA DESPOBLACIÓN?

Cada comarca tiene características diferenciadoras derivadas del medio natural y de las oportunidades que ofrecen un conjunto de factores que interactúan con la dinámica de la población que lo habita así como con el modo en que se distribuyen los asentamientos humanos. Todos estos factores locales, junto con otros de carácter supralocal, como la evolución de la economía o de los hábitos sociales, y de la mano de las nuevas posibilidades que van ofreciendo los avances tecnológicos, inciden en la configuración de la redistribución espacial de la población a lo largo del tiempo.

Se está utilizando profusamente expresiones como “España vacía” y, peor aún, “España vaciada” para denunciar la situación de algunas comarcas cuando sus débiles y menguantes densidades de población no permiten alcanzar los umbrales mínimos de demanda, que se precisan para que sean viables los equipamientos y servicios necesarios para garantizar una razonable calidad de vida. Se culpa de ello al proceso de urbanización: a la “voracidad” de las grandes aglomeraciones urbanas, que absorben para sí la población de otros muchos territorios a los que “van dejando vacíos”. 

En este análisis simplista y sesgado de la realidad, se parte de un principio “poblacionista”: la pérdida de habitantes, la despoblación de cualquier territorio es algo negativo “per se”. ¿Por qué se ignora que cualquier territorio tiene valor por sí mismo? La extrema debilidad de la densidad de población, la despoblación total de un territorio, es una consecuencia de su capacidad de acogida y puede tener efectos muy positivos si se considera la valía de sus componentes naturales hoy y, especialmente, para el futuro.

¿Por qué se desprecia el valor que tienen muchos de esos territorios despoblados que apenas han sido deteriorados por la acción humana al haber quedado al margen del “desarrollo”? Lo realmente importante es que haya equilibrio entre la capacidad de acogida de un territorio y el uso que la sociedad haga de él y conservarlo en su estado natural no tiene que ser necesariamente una mala opción.

¿Por qué tampoco se valoran las oportunidades que encuentran en la ciudad los que protagonizan la despoblación?  Desde la postguerra hasta mediados de los años 70 se produjo el mayor éxodo rural vivido en todas nuestras regiones. Los millones de personas que abandonaron el medio rural para incorporarse a las ciudades han sido parte fundamental de los avances de todo tipo que se han producido desde entonces en España. 

JV/24.6.21

¿ACASO PUEDE SER AHORA LA ELECTRICIDAD MÁS BARATA?

La reciente modificación de las tarifas eléctricas vuelve a disparar el debate sobre el precio de la electricidad, pero la realidad se impone de nuevo a la demagogia.

El mundo está iniciando la transformación histórica: de un modelo económico movido por energías fósiles (carbón, derivados del petróleo y gas), hacia otro modelo cuyo motor todavía no tenemos claro cuál será. Y, en tanto no haya un salto cualitativo en baterías eléctricas o no se produzca hidrógeno a escala industrial y pueda manejarse sin riesgo o no se domine la fusión nuclear, no hay alternativa barata a las muy eficientes energías fósiles. 

Pero no se puede esperar más para llevar a cabo esta transición, aunque el cambio de modelo energético tenga costes: por un parte el de las emisiones de carbono que, aplicando el principio de que quien contamina paga, está encareciendo el uso de las energías fósiles; por otra, el coste de los sistemas complementarios para las energías renovables que no dependen de nuestra voluntad sino del viento, el sol o la lluvia.

De momento, una forma de aminorar el coste de la transición es utilizar inteligentemente la energía; esto significa ahorrar lo que sea posible aceptando que un precio alto es el mejor incentivo para el ahorro y, en el caso de energías no acumulables como la electricidad, ajustar el consumo a los momentos de menor demanda.

En resumen, que no parece coherente exigir ahora electricidad barata si lo que queremos es eliminar rápidamente de nuestra matriz energética las fuentes de energía contaminantes, a la par que finitas. 

PM/15.06.21